La muerte de seis policías y 11 ocupantes de un predio rural en Paraguay en junio de 2012 desencadenó la caída de Lugo, que una semana después fue destituido por el Congreso, acusado de “mal desempeño de sus funciones”.
La destitución recibió la condena general de los gobiernos de la región y los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay la calificaron de “golpe parlamentario”.
El Comité también manifestó su preocupación “por las alegaciones de importantes irregularidades del Ministerio Público, la judicatura, y las fuerzas de seguridad en el caso, así como “falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación”.
A su vez al Comité también le preocupan “las modalidades del proceso de destitución del Lugo en junio de 2012, en aplicación del artículo 225 de la Constitución. La ONU cuestiona en particular los plazos que tuvo para preparar y presentar la defensa.
El Comité pidió instó además a Paraguay a “garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso” .