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En el documento, dado a conocer a través de la página web de la CEP, los obispos manifiestan su pesar por lo ocurrido en Curuguaty este viernes.
El comunicado agrega que “bajo ninguna circunstancia se puede violentar el Estado de Derecho transgrediendo las Leyes de la República, ni mucho menos reaccionar violentamente disparando a matar contra vidas humanas al ser exigidos por la Policía y Fiscalía, como sucedió en este caso, en el cumplimiento de las leyes vigentes en relación a desalojos”.
Los prelados exhortan a evitar mayores escaladas de violencia y a ceñirse a los procedimientos enmarcados en las leyes para buscar justicia como corresponde.
Los representantes de la Iglesia Católica agregaron que “el Estado El Estado tiene la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos en el marco del estricto respeto a la dignidad de las personas y a las garantías que confieren la Constitución y las leyes”.
Por su parte, Monseñor Rogelio Livieres, obispo de Alto Paraná (en cuya diócesis está incluida la ciudad de Curuguaty), ordenó a su Vicario General dirigirse a Curuguaty para asistir espiritualmente a los familiares de los fallecidos.
“No sólo es imprescindible poner término a los actos de violencia. También hay que resolver las causas que han producido esta tragedia. Algo que no hicieron ni el Presidente de la República ni el Congreso de la Nación. Me refiero tanto a las graves injusticias sociales que padece nuestro país como a la instrumentalización ideológica y política para crear violencia y desórdenes mayores”, señaló Livieres.
El prelado agregó que los partidismos no deben aprovecharse de la situación para sacar beneficios.
“La situación ya es lo suficientemente funesta como para agravarla por actos o declaraciones que lleven por caminos de inestabilidad institucional política”, finalizó.