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Estas son las fechas fijadas por el nuevo Tribunal de Sentencia que estudiará el caso, presidido por Elio Ovelar e integrado por Daniel Ferro y María Luz Martínez. Además de procesamiento ilícito de desecho, Evangelista y Boydens también han sido acusados por exposición a personas a lugares de trabajo peligrosos y comercialización de alimentos nocivos y la expectativa de pena en este caso es de hasta 5 años de pena privativa de libertad.
Es la segunda vez que la cuestión será debatida en juicio. El primer juicio concluyó con la absolución de los acusados, fallo anulado por ser totalmente contrario a las contundentes pruebas presentadas por el fiscal Yoan Paul López.
En ocasión de estudiar la sentencia a raíz de una apelación de la Fiscalía, los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos afirmaron que la conclusión del colegiado de primera instancia “viola claramente lo establecido en el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica racional”. Por esta razón anularon la absolución y ordenaron la realización de un nuevo juicio.
Este proceso se inició tras un allanamiento realizado por el fiscal Yoan Paul López al local ubicado en el barrio Mburucuyá, en agosto del 2016. La intervención se realizó en forma conjunta con funcionarios de la Municipalidad de Asunción, tras la viralización de videos y fotografías en los que se veían ratas paseándose sobre las empanadas crudas.
Entre las principales pruebas presentadas por López al momento de la acusación, está el informe del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) que detectó bacterias en croquetas, empanadas y en los ingredientes utilizados para su elaboración. La Municipalidad de Asunción intervino el local y lo clausuró, no solo debido a que estaba lleno de ratas, sino que se encontró que el sitio no tenía habilitación; tampoco tenía sistema de seguridad contra incendios. Sin embargo, en el juicio la fiscalía a través de testigos demostró que el local seguía operando pese a estar clausurado.
Don Vito Tradicional tiene un pleito de casi 12 años contra los propietarios de la fábrica original de Don Vito, que se identifican como Don Vito Original y funciona gracias a una medida cautelar dictada en el 2008, apelada pero no resuelta hasta la fecha. La Corte Suprema de Justicia encargó la realización de una auditoría para conocer las razones de la dilación del Tribunal de Apelación en lo civil y comercial para resolver el caso, pero jamás se divulgó el resultado de dicha auditoría.