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Mañana, la Cámara de Diputados debe estudiar el proyecto de ley para pagar el 100% del salario mínimo a las domésticas, que ya tiene media sanción. Al respecto hablaron el viceministro de Trabajo, Luis Orué, y el gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, en comunicación con ABC Cardinal.
Halley indicó que IPS dará una nota discordante al respecto porque la considera una ley lesiva. Explicó que el empleador, además de pagar G. 2.112.562 (salario mínimo vigente), tendrá que hacer la cotización del 14% de esa suma para pagar a IPS y la trabajadora el 9%. “Serían G. 460 mil aproximadamente”, puntualizó.
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“Para mí es una ley disuasiva. Va a hacer que una gran parte del trabajo doméstico pase al negro y otro grupo pasará a facturar como grupo independiente, liberal. Se van a articular varias estrategias que van a hacer que finalmente mucha gente no tenga seguro social", acotó.
En ese contexto, recordó que el seguro doméstico en 1965 era solo seguro de salud, se pagaba 8% sobre el 40% del salario mínimo, daba una suma irrisoria en relación a la cobertura de un seguro de salud. Recordó que eso favoreció los famosos seguros de favor, entonces para entrar a IPS una persona era contratada como doméstica y tenía esa cobertura médica.
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“Luego, las trabajadoras domésticas venían bregando por incorporarse a la jubilación de IPS. Con toda justicia, la propuesta legislativa fue incorporarlas al régimen general del IPS, pero alzando la base contributiva al 60% del salario mínimo. Cuando estaban solamente en el sistema de salud, estaban 27 mil trabajadoras domésticas, después quedaron 17 mil y ahora van a quedar tres mil, más o menos”, indicó.
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Agregó que la ley tiene un efecto lesivo para ese colectivo, a pesar de que desde el punto de vista dogmático se vea fabuloso. En ese sentido, dijo que tras la aprobación de esta ley en un mes se podrá ver ya el efecto de esta determinación. “No creo que haya muchas familias con capacidad contributiva para pagar esa tasa, entonces va a haber un poco un efecto rebote importante y eso va en contra de lo que dice la Constitución Nacional de que el seguro social debe ser expansivo”, expresó.
A su vez, el ministro de Trabajo, Luis Orué, manifestó que ellos emitieron un dictamen con parecer jurídico y social. “El jurídico es sobre que todos los ciudadanos necesita igualdad de condiciones y el social, que la gente que contrata estos servicios son personas de clase media, que, considerando los ingresos de estas personas, pagar a una persona un salario mínimo redondo y un seguro social otra vez va a ser difícil”, puntualizó.
En ese sentido, coincidió con Halley en que tendrá un efecto nocivo para el colectivo de los trabajadores del hogar, los empleadores dejarán de contratar estos servicios o aumentará el trabajo “en negro”, es decir, que no cumplan con las disposiciones legales.