Cargando...
Si bien el proceso contra la agente del Ministerio Público se había dado ya el pasado 19 de abril, recién este viernes Blanca Agüero fue notificada sobre la resolución tomada por el jurado.
A partir de esta comunicación que se le hizo llegar, se le proporciona un plazo para que prepare su defensa en relación con las acusaciones que se le señalan.
Como Agüero era la fiscal que estaba investigando al exintendente Roberto Cárdenas por presunto uso irregular de los recursos del Fonacide y por el derrumbe en el Colegio Nacional de Lambaré en el que al menos 14 estudiantes fueron heridos tras el desplome del techo, los hechos se prestaron para pensar que fue el intendente de Lambaré tuvo algo que ver con este enjuiciamiento. De hecho, en noviembre de 2015 Cárdenas acudió al Jurado para impedir que la agente descubra sus supuestos ilícitos.
Sin embargo, Adrián Salas, titular del JEM, aseguró que la resolución nada tiene que ver con la denuncia presentada por el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, sino con una causa anterior que data de febrero de 2015 e involucra a un ciudadano oriental, expresó Salas en contacto con ABC Cardinal.
El abogado sostuvo que el análisis del expediente en cuestión se hallaron al menos tres puntos de presunto mal desempeño en las funciones de la agente fiscal en lo penal de la ciudad de Lambaré, uno de ellos fue el cambio en el requerimiento conclusivo sin argumentar debidamente, es decir habría acusado y luego solicitado el sobreseimiento definitivo.
El otro punto tenido en cuenta fue el otorgamiento del sobreseimiento definitivo en base a un acuerdo conciliatorio entre las partes y haber planteado en recurso de apelación contra la resolución de sobreseimiento definitivo para el acusado, según refiere el documento institucional. “Por unanimidad se tomó la decisión de enjuiciarla, pero queremos que se defienda siguiendo en el cargo, sin perjuicio de las causas que lleva adelante”, recalcó Salas.
Agüero había cuestionado la postura del Jurado con relación a la causa mencionada, argumentando que se trata de una inconstitucionalidad puesto a que se pretende reabrir un proceso que ya fue finiquitado. Agregó que por esa causa ya fue sobreseída en la propia Fiscalía General del Estado.