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La familia Riquelme no puede donar lo que no es suyo, insiste la Articulación, y considera que la Ley 5530 contradice la situación legal de la tierra, pues confronta con acciones que, desde el Poder Ejecutivo, se realizan para reivindicar el inmueble como propiedad del Estado en los estrados judiciales.
Señala que el Parlamento hizo caso omiso de esos juicios y quiere hacer por ley lo que no se puede hacer por vía judicial: legitimar y legalizar la usurpación de esas tierras por parte de la empresa Campos Morombí, burlándose de la inteligencia de todos los paraguayos y de la comunidad internacional interesada en el tema.
Al mismo tiempo llama al Senado a tomar en serio su función de velar por la institucionalidad en la vida de la República y a derogar la Ley 5530 que solo busca dar legalidad a una usurpación de tierras que aún es tema en los tribunales de justicia.
Asimismo pide a la Cámara de Diputados reconsiderar y rectificar la decisión tomada al dar curso a la iniciativa legal que declara las tierras públicas de Marina Cué como reserva.
Finalmente insta al Indert y a la Procuraduría General de la República a poner mayor empeño real en los tribunales para la recuperación pronta de esas tierras para el Estado, y exijan la reparación a la empresa usurpadora pro el daño hecho al país.
La Articulación por Curuguaty entregó una nota de reconocimiento a la directora de Registros Públicos, Lourdes González, quien dijo que la institución a su cargo no puede inscribir una donación de tierras al Estado de parte de una empresa que no acredita el título de propiedad del inmueble, refiriéndose a la empresa Campos Morombí.
El reconocimiento obedece a su compromiso con la defensa de los bienes públicos y la legalidad. Refiere a la Ley 5530 sancionada por el Parlamento y que el Ejecutivo dejó que se promulgue automáticamente. La norma acepta la donación del inmueble conocido como Marina Cué de la empresa Campos Morombí, predio cercano donde el 15 de junio de 2012 ocurrió una masacre donde perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías, lo que derivó posteriormente en un juicio político y destitución del presidente Fernando Lugo.
En el acto, Lourdes González manifestó que ella es una técnica y que como tal se rige por el mandato de los procedimientos enmarcados bajo criterios estrictamente técnicos, por lo que la pretensión de inscribir la finca 30 “es inviable”.
Explicó que la finca que se pretende donar en concepto de la Ley 5530, según la documentación existente, pertenece a otra empresa, Verónica S.A.
La nota de reconocimiento lleva la firma de organizaciones sociales e individualidades preocupadas por la causa de Marina Cué, entre ellas la Articulación Curuguaty, Campaña Somos Observadores y personalidades del ámbito social.