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La comitiva fiscal-policial encabezada por el fiscal de la ciudad de Curuguaty, Christian Roig, no pudo liberar a seis personas privadas de su libertad, entre ellas tres menores de edad, en la Comunidad indígena denominado Kavaju Paso, acusadas de ser responsables de “empayenar” a miembros de la mencionada aldea.
Fue tras una grave denuncia realizada por parte del cacique segundo Brígido Villalba, quien manifestó al fiscal que su hija junto con cinco personas estaban colgadas del cuello y prendieron fuego bajo los pies. Sin embargo, no se corroboró dicha denuncia, pero una de las que están retenidas presenta rastros de violencia producido presumiblemente con garrote.
El cacique Rufino Mendoza reconoció que retuvieron a las personas y son obligadas a “liberar” a sus víctimas. Justamente el fiscal pudo observar el momento de una “sanación” a dos personas, una criatura de dos años y a una mujer, quienes supuestamente sufrieron los efectos del mal, dijo el cacique. Negó que haya habido torturas.
Por su parte las retenidas reconocieron que efectivamente realizaron los trabajos para acabar con los miembros de la comunidad, inclusive dijeron que ya han matado a familiares suyos y niños de muy corta edad para cumplir el pacto, porque “el diablo los obligan” supuestamente, dijeron. Todas tenían el “payé” en las manos. El fiscal dijo que solicitará la intervención de los Derechos Étnicos del Ministerio Público.