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“Si hay voluntad, se pueden acceder a los registros”, dijo Duarte en conversación con radio ABC Cardinal este viernes. Además, dijo que la fiscala María Raquel Fernández niega la investigación al no ampliar estos pedidos para hacer su pesquisa. La agente del Ministerio Público calificó de “impertinentes” los datos adicionales que pueden surgir de este proceso que pide una de las partes.
El plazo que tienen las telefónicas para guardar estos registros fenece el domingo, ya que según la Ley solo pueden tenerlos por seis meses. Sin embargo, Duarte afirmó que este es un caso especial y complejo y que las empresas podrían guardar estos datos por más tiempo. “No es necesario que la información llegue a la carpeta fiscal, sino que se solicite antes de esta fecha (1 de octubre)”, indicó el abogado.
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La fiscala Fernández indicó ayer que no iba a dar el gusto a los que cuestionan su trabajo por el “morbo” que pueden generar estas comunicaciones que podrían surgir. “Mi trabajo no es darles el gusto a las personas, y mucho menos buscar en el morbo de lo que son las llamadas entrantes y salientes que pudieran tener las diferentes personas”, indicó.
En estas llamadas, están personas cercanas al presidente Horacio Cartes –además de este mismo– que pudieron tener contacto con autoridades policiales en la noche del viernes 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. La investigación debe resolver quién dio la orden para atacar la sede del PLRA, donde murió de un disparo el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.