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Édgar Gustavo Sánchez Caballero, testigo propuesto por el Estado paraguayo, juró decir “la verdad y solamente la verdad” ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en la tarde de este jueves en Costa Rica, en el caso de secuestro y tortura denunciados por Juan Arrom y Anuncio Martí contra la justicia paraguaya.
Arrom y Martí denunciaron que los responsables del secuestro y posterior tortura de los mismos fueron el ex director del Centro de Investigación Judicial (CIJ), Javier Cazal; y los agentes policiales -en aquel entonces- Saturnino Gamarra y José Schémbori.
Sánchez testificó que Arrom y Martí “individualizaron a las personas que los torturaron” y por ello se buscó “elementos para probar las manifestaciones de ellos”. Sin embargo, la participación en la tortura de los imputados no pudo ser cotejada, sino todo lo contrario, cada uno de los presuntos responsables tenían sólidas coartadas.
“Hemos trabajado un año en esta causa para poder comprobar los extremos alegados por los denunciantes que no pudieron ser corroborados ni probados”, respondió ante Ricardo Merlo, fiscal de los Derechos Humanos y hoy representante de Paraguay.
Sánchez aclaró que Arrom y Martí tan sólo reconocieron a Cazal del grupo de 10 personas, quienes estaban de civil y a cara descubierta, que los detuvieron en plena vía pública el 17 de enero del año 2002. Posteriormente se realizó una investigación en la cual varios testigos aseguraron ver a Cazal frente a la residencia de Sandra Quiñónez, ahora Fiscal General del Estado, por lo que no pudo participar de la detención.
Dirigiéndose al estrado mencionó Arrom “vio otra vez a Cazal” en el interior de la casa donde estaba secuestrado cuando la “cinta de embalaje que tenía en los ojos (...) se desprendió debido al sudor de su frente y con los párpados, el señor Arrom, apartó la cinta y pudo identificar a Cazal”.
“El día en que los señores (Arrom y Martí) sostienen que fueron torturados, el comisario Gamarra encabezó un procedimiento policial en la ruta Piribebuy-Paraguari”, manifestó el fiscal Sánchez ante la Corte IDH.
Otro hecho que reforzó el sobreseimiento definitivo, según Sánchez, fue que María Edith Bordón de Debernardi declaró en aquel entonces que el día 19 de enero de 2002, día que fue liberada, que Martí "le apuntó con una ametralladora (...) dándole las últimas advertencias antes de ser liberada".
No obstante, según la acusación el 19 de enero de ese año, Arrom y Martí estaban bajo cautiverio por agentes de la Policía Nacional.
Sánchez prosiguió con sus alegatos diciendo que Arrom y Martí, además de sus representantes ante la Fiscalía, se negaron a colaborar con la investigación una vez que el proceso penal contra Cazal, Gamarra y Schémbori fuera sobreseída por el Ministerio Público.
Manifestó que el diagnóstico médico firmado por 13 profesionales de la salud fue considerado pero al no hallarse responsables del secuestro y tortura no pudieron tener relevancia en el caso.
Asimismo, dijo que los abogados de Arrom no accedieron a que su cliente realizara una pericia médica a pesar de que este denunció que “tenía stress post traumático y orinaba sangre”.