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Luego de una ola de críticas por las pésimas actuaciones de los agentes del orden, la representante del Ministerio Público de la Unidad Penal 1 de Lambaré que su dependencia “no aceptará procedimientos que no se ajusten” al marco legal, informó Iván Leguizamón, periodista de ABC Color.
Entre los artículos del Código Procesal Penal que la fiscala menciona para “refrescarle la memoria” a los uniformados, se encuentra el 179, que establece que “antes de proceder a la requisa deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado instándole a exhibir el objeto. La advertencia y la inspección se realizan en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la Policía; bajo esas formalidades se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio por su lectura”.
Este oficio fue librado en virtud a que su unidad penal estará de turno hasta martes 25 de octubre, 7:00, fecha y hora hasta la cual tiene vigencia dicha advertencia. “Las extorsiones se están haciendo hace mucho tiempo y ahora ya no sabes cuál es una requisa real y una requisa falsa. En atención a eso emití ese oficio”, respondió la fiscala Blanca Agüero al justificar la polémica nota enviada a la Policía.
El desprolijo y cuestionado procedimiento en el que supuestamente se implantó cocaína a la joven empresaria Tanya Villalba fue uno de los detonantes de este -hasta hace poco- impensado pedido de una autoridad a las fuerzas del orden.
El comisario principal Sergio Antonio Paredes fue remitido a la Agrupación, el oficial 1° Gustavo Narváez Gamarra y el suboficial 2° Arnaldo Lezcano Martínez fueron remitidos a la penitenciaría de Tacumbú, mientras que la suboficial ayudante Petrona Juliana Ovelar fue enviada a la Comisaría 17ª, de Mujeres. Todas estas personas están implicadas en el bochornoso caso que salpicó a la Policía Nacional y puso en duda su confiabilidad.