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“No hay nada que hablar, me dijo mi compañero”, fue la respuesta que recibimos de parte de la vocera de la institución, la comisaria Elisa Ledesma, cuando solicitamos una explicación sobre el tema de parte del director administrativo de la Policía Nacional.
Rojas Ortiz cobraba horas extras en épocas que era subcomandante de la Policía y, según Hacienda, este cobro es irregular, porque el uniformado percibe una bonificación en concepto de gastos de representación.
“Yo también cobro horas extras; todos tenemos eso, no solo el comandante. Yo también cobro gastos de representación como jefa”, manifestó Ledesma en una férrea defensa a su comandante. Sin embargo, revisamos la planilla de sueldos publicada en el portal de la Policía Nacional, y la comisaria no percibe bonificación en concepto de gastos de representación, como alegó en defensa de su jefe.
“¡Dios mío, por qué tanto atacan al comandante. Eso ya es maldad!”, aseveró Ledesma, para luego valorar la solidaridad de su jefe, quien –según ella– es “uno de los pocos tipos que su sueldo está dando para que el Lince (la brigada antimotochorros) tenga combustible, para que no le falte casco. Es la primera vez en la historia, y ustedes le dan con todo”, enfatizó.
La Ley 1626 de la Función Pública establece que los funcionarios que “ejerzan cargos que conlleven la representación legal de la institución en que cumplen sus tareas podrán percibir gastos de representación. Estos funcionarios no percibirán recargos por las horas de trabajo que excedan la jornada legal”. Por esta razón, Hacienda le bloqueó el pago adicional al comandante el año pasado y, según los técnicos, debe devolver lo percibido.
El cobro irregular del comandante Rojas saltó luego de salir a la luz que, en tiempo récord, inauguró una granja y una imponente quinta en la ciudad de Luque. Solo en rubro de terrenos, en dos años (2012 y 2014) compró terrenos por G. 1.000 millones, monto que equivale a sus ingresos de 6 años en la Policía Nacional (2012 y el 2017), que suman en total G. 1.099 millones.
Rojas atribuyó sus inversiones a su trabajo y el pago en cuotas de terrenos. El uniformado es cuestionado por el antecedente de arresto que tiene, al ser hallado responsable en el cobro de coima por devolución de vehículo en el año 1995.