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Eladio Benítez, vocero del Comando Unidad Sindical de Trabajadores de la Educación, que aglutina a 19 gremios, cuatro del sector administrativo del MEC y el resto docentes, oficializó esta tarde su apoyo a la convocatoria de las centrales obreras convocada para el miércoles 26 de marzo.
En una grabación proveída por el periodista de ABC Color, Claudio Genes, el dirigente sindical aseguró que todos los trabajadores del sector educativo se unirán a la causa -docentes y administrativos-, por lo que se suspenden las actividades en todas las escuelas de la república.
Además, el pasado lunes, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la Organización de Trabajadores de la Educación anunciaron que también participarán de la movilización.
“Vamos a estar en una huelga solidaria con la clase trabajadora de la República del Paraguay porque consideramos absolutamente justas las reivindicaciones planteadas por la centrales”, señaló Benítez, de la Unión Nacional de Educadores (UNE SN), quien fue el vocero de la agremiación.
Las centrales obreras en forma general, reclaman el reajuste salarial de 25%, la derogación de la Ley de Alianza Público Privada y la persecución sindical y, según anunciaron, se harán piquetes en varios puntos de Asunción, Central y Ciudad del Este.
El sector educativo, según indicó Benítez, reclama la equiparación el salario mínimo por turno al mínimo legal vigente, que quedó desfasado cuando el gobierno decidió “de forma unilateral e inconsulta” el aumento de un 10%.
Además solicitan acciones concretas del gobierno respecto a las consecuencias de la ley del Fonacide, “que deja sin recursos al Ministerio de Educación y que, en contrapartida, genera una situación paupérrima a la educación de los jóvenes y niños”, puntualizó el dirigente sindical.
Aseguró además que no existe ningún tipo de injerencia de sectores políticos en las reivindicaciones.
Aclaró, finalmente, que la medida a la que recurren las centrales obreras “no es contra Horacio Cartes, sino que “contra la política neoliberal del gobierno que no privilegia de ninguna manera al sector popular, campesino y trabajador del país”.