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“Como ciudadanos, nos preocupa la acción de esta SA (Concret-Mix, de José Bogarín) que quiere seguir dilatando este proceso de titulación y utilizando cualquier tipo de documento para hacer valer esta adenda declarando inconstitucional este decreto. Ellos quieren con chicanas judiciales seguir explotando el cerro”, señaló el intendente Lucas Lanzoni sobre el pedido que acudieron a hacer a la fiscala general, Sandra Quiñónez, tanto ciudadanos como miembros de la comunidad religiosa y autoridades.
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Dijo que luego de que el lugar haya sido liberado de explotación, nuevamente está tomando vida gracias al trabajo de los ciudadanos, por lo que quieren conservarlo como cantera y atracción turística. Pese a que representantes del Ministerio Público no puede preopinar, destacó que Quiñónez los haya recibido para también escuchar su versión.
Por su parte, el concejal colorado Jorge Ojeda dijo que representantes de todos los partidos están unidos en esta causa. “Lo que venimos a hacer es ratificar la postura de parar con esto. Que esta adenda no fue reconocida por el presidente de la República y ahora tampoco puede ser reconocida por la Corte Suprema”, cuyos representantes deben expedirse sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por los directivos de la empresa para seguir operando.
“Creemos que no tendrá dictamen favorable del Ministerio Público, porque representan al pueblo. Esta acción adolece de una nulidad insalvable”, sostuvo el edil, según el informe del periodista de ABC Color Ariel Espinoza.