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La firma naviera Atria, del grupo UABL Paraguay S.A. inició esta mañana un análisis para el proceso de cese de actividades, con miras a migrar hacia Bolivia, lo que podría afectar a 252 tripulantes paraguayos, informó su apoderado, abogado Sergio Britez Espínola.
Explicó que en el presente año, vencen los permisos de concesión de bandera de aproximadamente 600 embarcaciones paraguayas, entre ellas 246 de la empresa Atria, señaló Britez. Comentó que dicha naviera es la pionera operando en el país con la utilización de la figura de arrendamiento de embarcaciones, financiadas con la herramienta conocida como Leasing.
Explicó que el Gobierno paraguayo ha resuelto retirar la bandera a un lote de 41 embarcaciones de dicha empresa, sin sumario, sin derecho a la defensa de la empresa, motivados por un memorándum jurídico de un órgano que no forma parte del proceso de alta y baja de banderas.
“Hemos presentado recurso de reconsideración, y el viceministro de Transporte, Pedro Britos, desconociendo a la responsable de la parte jurídica de la Marina Mercante, pidió dictamen a un funcionario ajeno a la institución, con un resultado desfavorable. Estamos ante una posible usurpación de funciones públicas que la estamos analizando”, declaró.
Amplió que dicha irregularidad fue comunicada al director Jurídico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quien se comprometió a investigar el caso. Pero, ante la indefinición del MOPC y teniendo en puerto un vencimiento inminente de 205 embarcaciones más, la firma inició esta mañana un proyecto de retiro de la bandera paraguaya y migrar a otro pabellón de la Hidrovía, donde las autoridades entiendan la importancia que representa la magnitud de la bodega en relación al comercio exterior, comentó nuestro entrevistado.
“Recordó que el viceministro Pedro Britos convocó a representantes de la naviera en dos ocasiones , quienes vinieron para el efecto del exterior, y en ambas oportunidades dicha autoridad de Transporte se ausentó”, lamentó. También mencionó que lastimosamente, el cambio de bandera ocasionará el cese de funciones de un poco más de 250 tripulantes paraguayos.
“Es curioso que el viceministro Britos firmó una resolución de habilitación de embarcaciones de otra empresa y ha denegado la operación de las nuestras. Esa discrecionalidad llamó nuestra atención y, analizando un poco más, nos percatamos que no tenía facultades legales para ello. Esa irregularidad le fue transmitida ayer al doctor Marín Bestard, quien se comprometió a informar del caso al ministro Wiens”, relató.
Entre los argumentos del MOPC, del porqué no permiten los abanderamientos, mencionó que se exige un documento conocido como “certificado de clase”, pero en la norma aplicable se establece que dicha cartera debió firmar una “delegación de autoridad” a alguna firma para que la misma actúen en su nombre.
“La situación podemos compararla con el caso de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) municipal para lo cual la comuna delegó sus funciones en Ivesur. Pero en el caso de las embarcaciones, hasta tanto no lo hagan, no puede ser exigible y mientras tanto la competencia técnica recae en la Prefectura General Naval”, finalizó.