Paraguay, que fue condenado por la Corte IDH por la violación de del derecho comunitario de los Xákmok Kásek, su derecho a la vida, a la integridad personal y otros, tenía la obligación de devolver a los miembros de ese pueblo un total de 10.700 hectáreas pertenecientes a su territorio ancestral.
“El Estado no cumplió y a partir de la fecha, y hasta que cumpla totalmente con la sentencia, debe pagar a la comunidad, en concepto de mora, 10.000 dólares americanos mensualmente, tal como se establece en la sentencia”, explicó Marcelino López, uno de los líderes de Xákmok Kásek en una rueda de prensa.
Según la sentencia, el Estado es responsable de haber vendido dos tercios de la región del Chaco Boreal para financiar la deuda del país tras la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) sin contar con el consentimiento de las poblaciones indígenas que allí vivían desde antes de la llegada de la colonización española.
En agosto de 2010, la Corte resolvió a favor la comunidad Xákmok Kásek y dio tres años de plazo al Estado para cumplir, pero este pidió un año más, que le fue concedido y que hoy expiró.
Paraguay es el único país de la región que enfrenta tres sentencias condenatorias de la Corte IDH por un conflicto de tierras ancestrales pertenecientes a indígenas, según recordó la ONG Tierraviva, que apoya a los nativos.
Las otras dos sentencias afectan a las comunidades indígenas, también del Chaco, Sawhoyamaxa y Yakye Axa, pertenecientes al pueblo enxet.
Los Sawhoyamaxa aún esperan que el Estado cumpla la sentencia emitida por la Corte IDH en 2006 en su caso.
Esta comunidad indígena, proveniente de la región occidental del país y formada por unas 500 personas, fue expulsada de forma violenta de su territorio ancestral hace unos 23 años por el ganadero alemán Heribert Roedel, quien continúa acosando a los nativos, según Tierraviva.
El presidente paraguayo, Horacio Cartes, promulgó la ley que manda expropiar 14.404 hectáreas al ganadero, que posee más de 40.000 hectáreas en la zona, algunas conseguidas de forma fraudulenta, según las ONG, pero la ley fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia.
Los sawhoyamaxa y las organizaciones civiles pidieron a la Corte Suprema que rechace el pedido de inconstitucionalidad presentado por el terrateniente.
Otra de las sentencias sin cumplir data de 2005, cuando la Corte IDH ordenó al Estado devolver a la comunidad Yakye Axa las tierras que les arrebataron terratenientes ganaderos hace casi dos décadas.
El Gobierno del presidente Fernando Lugo (2008-2012) impulsó la expropiación de esos terrenos, pero el Congreso tumbó el proyecto de ley en 2009.
Finalmente, esos nativos aceptaron otras tierras a 60 kilómetros de donde vivían antes, que el Estado compró y tituló a su nombre.
Sin embargo, los 350 miembros de la comunidad aún no han podido asentarse allí porque los ganaderos que poseen las fincas colindantes se niegan a permitir que se haga un camino por su terreno que las una con la carretera principal, según Tierraviva.
Por ello, esas 70 familias continúan viviendo en precarias condiciones al borde de la carretera, a la espera de que el Estado cumpla plenamente la sentencia, que determina que debe existir acceso libre a la tierra de ese grupo indígena.
El 76 % de los aproximadamente 116.000 nativos de Paraguay vive en situación de pobreza extrema, según datos del estatal Instituto del Indígena (INDI) , en su mayoría debido a que fueron desposeídos de sus tierras ancestrales durante la Guerra de la Triple Alianza, la dictadura (1954-1989) y en la primera década de democracia.