Muertos, heridos y detenidos

Una persona muerta, unas 14 heridas y dos detenidas es el saldo final del enfrentamiento que tuvo lugar en una explotación ganadera entre guardias privados e indígenas que reclaman la propiedad de parte del terreno de la firma Laguna S.A.

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El episodio se cobró la víctima de Fernando Riquelme Franco (25), guardia privado asignadoa la seguridad del establecimiento ubicado en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, donde unas 200 familias de la parcialidad Ava Guaraní se habían vuelto a asentar tras ser desalojadas por la policía el pasado 20 de mayo, declaró el oficial Carlos Osorio.

Añadió que de momento se ha detenido a dos guardias de seguridad tras los sucesos, que comenzaron de madrugada, y que el caso está siendo investigado.

Según Osorio, la versión de los indígenas interrogados es que fueron atacados por los guardias de seguridad, mientras que estos mantienen que la agresión partió de los nativos y que tuvieron que defenderse disparando balas de goma.

De acuerdo con la fuente policial, hay cuatro guardias heridos por disparos de bala y 10 indígenas por impacto de proyectiles de goma y otro tipo de heridas.

El oficial añadió que el guardia muerto presentaba un disparo en la cabeza y que los indígenas incendiaron un vehículo de la empresa durante los incidentes.

Los nativos habían sido desalojados el 20 de mayo de una hacienda de 4.613 hectáreas anexa a la empresa mediante un operativo policial que fue denunciado por la Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

Según este grupo, durante la operación policial se destruyeron más de 100 viviendas, templos y lugares sagrados de los indígenas.

Ocho días después, la empresa comunicó que los indígenas habían vuelto a ocupar la hacienda.

El administrador de la firma, David Morandini, dijo entonces que los indígenas regresaron al lugar disparando contra el personal y los guardias de la firma, que huyeron para no ser alcanzados por las balas, según denunció en un comunicado.

La empresa sostiene que los indígenas ya cuentan con un territorio de 2.600 hectáreas que le fueron expropiadas anteriormente.

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