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Recientemente el Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) emitió un dictamen lapidario sobre dicho centro de rehabilitación de adictos a las drogas, tras constatar que ofrece tratamientos e internaciones sin contar con la habilitación de la cartera sanitaria ni de la propia Municipalidad de Capiatá, por lo que la Dirección de Establecimientos de Salud anunció una casi inminente clausura del sitio.
“Nosotros elevamos una nota a la Dirección Jurídica (del MSP) de tal forma de poner en manifiesto y hacer una intervención conjunta con la unidad Anticorrupción, la Superintendencia de salud, la Unidad de Salud Mental entre otras dependencias, es decir un equipo multidisciplinario que tenga el rigor para sostener de que funciona de una manera ilegal”, dijo a ABC Color el Ing. Pastror Cardozo, director de Establecimientos de Salud.
Reconoció que las normativas en cuanto a la habilitación de este tipo de centros solo se realiza desde el punto de vista edilicia - aunque el centro carece del mismo - y no se contempla el aspecto de los tratamientos médicos. “Como Ministerio tenemos que dar avances de indicios para hacer seguimiento a estos casos, nuestra dirección tiene limitaciones es cierto, tiene potestad de habilitar establecimientos desde el punto de vista de infraestructura, pero hay disciplinas que mezclan roles que ya se inmiscuyen en el aspecto técnico. Entonces se trabaja en herramientas para actualizar las normativas”.
Aseguró que esperan una respuesta de la Asesoría Jurídica para intervenir dicho centro y que esto se podría dar en algunos días más. “Esperamos poder visitar el lugar con el peso suficiente para clausurar definitivamente y tener un efecto dominó multiplicador, porque creo entender que existen por ahí, en esa zona, otros lugares con el mismo funcionamiento ilegítimo”, subrayó.
Criticó que centros como Transformando Vidas funcionen al margen de la ley pese a que los requisitos para ser habilitados son mínimos. “Nos resta hacer una visita de oficio para verificar si tienen algún documento que sostenga su funcionamiento”.
Natalia Barrios, directora del cuestionado Centro, junto a un equipo de profesionales con los que trabaja, llegó a nuestro diario para defenderse del resultado de la observación del Mecanismo de Prevención de la Tortura.
Expuso que el centro cuenta con personería jurídica - aunque esto no fue cuestionado - y además los profesionales en psiquiatría, psicología, enfermeras y demás especialistas “trabajan de forma personalizada con cada paciente”. Respecto a las afirmaciones sobre la existencia de barrotes en las habitaciones similares a las prisiones, expuso que esas conclusiones no son ciertas y también descartó que los pacientes sean esposados.
También refutó que las enfermeras dependan de las indicaciones de los guardias - sin mayores detalles- y aseguró que la psiquiatra se encuentra en el Centro las 24 horas y la psicóloga acude de lunes a viernes. “Los guardias son para salvaguardar la integridad de los chicos”.
Al ser consultada sobre la principal irregularidad, no contar con habilitación alguna para funcionar, Barrios explicó que anteriormente el Centro funcionaba en San Lorenzo y luego se mudaron a Capiatá, pero pese a estar ubicados hace ya dos años en el predio donde actualmente trabajan, no cuentan ni con habilitación municipal ni con la del Ministerio de Salud Pública. Mencionó que cuentan con los planos incluso adecuados a la legislación en cuanto a incendios “pero eso tarda seis meses en otorgarte (la Municipalidad)”.
Otra de las graves violaciones constatadas por el MNP fue la existencia de personas privadas ilegítimamente de su libertad, expuso que ciertos pacientes - no especificó la cantidad - cuentan con medidas cautelares de urgencia para que permanezcan en el sitio, para someterse a tratamientos contra drogas.
Sobre este mismo punto, recalcó que durante la visita de los observadores del MNP se le exigieron las órdenes de internación de los pacientes. "Ahí se movió totalmente, los chicos mayores de edad empezaron a firmar, nunca más vino la gente del MNP, ellos firmaron su internación voluntaria como pidieron y los familiares pidieron varias medidas judiciales”, con lo que reconoce que varios pacientes se encontraban internados al momento de la visita sin documento alguno que avale que permanecían en el sitio por convicción propia.
“Hablan de gente que está en contra de su voluntad, ella no puede saber eso si no hace una investigación profunda”, acotó sin embargo el informe revela testimonios de pacientes que manifestaron estar en el sitio sin desearlo.
Los internos desarrollan actividades en la granja del Centro, y también realizan trabajos de carpintería y otras manualidades para mantenerlos ocupados , refirió la Directora del sitio enseñando fotografías de los trabajos de los internos.
Sobre el operativo de “rescate”, en el cual - según el informe - se cobra una suma de G 500.000 por ‘capturar’ a los pacientes que se escapan, Barrios alegó que esto no es real y que los familiares son los que contactan con la Policía para localizar a sus parientes y devolverlos al Centro.
Sobre el punto que señala las escasas opciones de comida para los pacientes (solo guiso de arroz o guiso de fideo) enseñaron fotografías de lo que consumían en un momento determinado, pero no presentaron plan nutricional documentado.
“Me llamó la atención las cosas que dijo, al forma de mentir”, exclamó Barrios, sobre el informe presentado por la comisionada Diana Vargas, quien - según expuso - solamente acudió al centro una sola vez, mientras en el informe de más de 20 páginas se asienta que la observación se realizó durante los meses de junio, julio agosto, setiembre y parte de octubre. El documento es público y puede acceder al mismo a través del siguiente enlace.