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Como primera medida, los funcionarios judiciales marcaron su ingreso a las 9:00, dos horas después del horario en que inician sus actividades laborales. Antes del ingreso, los empleados del Poder Judicial aprovecharon las dos horas libres para exponer sus principales reclamos, cuestionando la postura del Congreso, que impide que el Poder Judicial ejecute su presupuesto institucional.
Según la sindicalista Porfiria Ocholasky, el Legislativo también es responsable del recorte de unos G. 8.000 millones del Presupuesto General de Gastos que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En total se pretende cortar unos G. 18.0000 millones para el ejercicio del próximo año. A partir de mañana, la medida de brazos caídos se extenderá desde las 7:00 hasta las 10:00.
“En principio pedimos que se mantenga el presupuesto y se cumpla con los compromisos, pero si hay recorte retrocedemos. Además, nosotros generamos los recursos, no pedimos al Estado más dinero sino que se le permita ejecutar el presupuesto propio, como indica el principio de autonomía presupuestaria”, cuestionó.
Ocholasky advirtió que, de prosperar los recortes en el plan de gastos del próximo año, el funcionamiento de todo el Poder Judicial puede verse afectado, empezando por los contratados, ujieres, actuarios y secretarios de juzgado de paz, así como los alquileres de las dependencias judiciales diseminadas en todo el interior del país y la compra de insumos.
Para el próximo 3 de diciembre se anuncia una asamblea general, donde podría resolverse el inicio de una huelga en caso de no obtener respuesta a tales reclamos. La dirigente confía en que antes de esa fecha se puede llegar a una acuerdo favorable y desechar la huelga como medida de fuerza.