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Tomando como fuente una información publicada en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Obras Públicas señala que todos estos contratos suman aproximadamente G. 208.000 millones, que al cambio actual representan cerca de US$ 37 millones.
El ministerio explica que los trabajos debían abarcar desde la construcción de empedrados, remodelación y mantenimiento de edificios, fabricación de puentes de hormigón y adoquinados hasta la provisión de tuberías (acueducto), sistema de estación de peajes, canalización de calles, alcantarillado, provisión de insumos, entre otros ítemes.
Aclara que muchos de los contratos rescindidos forman un paquete de obras y fueron firmados durante administraciones anteriores. Dice que, incluso, hay contratos que datan del año 2009, como es el caso de la construcción de un empedrado en el tramo Carayaó-Cleto Romero.
Las firmas afectadas por la decisión ministerial son: López Gutiérrez SA, Arq. Ana Luci Porro, DMV SA, Arq. Carlos Abrahan Meza Ferreira, Consorcio Integración, Consorcio PS, Consorcio Tembiapo Pora, Inducon SA, Empresa Huval, Empresa HC Construcciones.
Asimismo, con la empresa Edra Saneamiento Básico Ind y Cia. Limitada; Consorcio Beta y Asociados; Ing. Willian Negrete; Pilar Constructora S.R.L, Juan Arar Casola y Grupo VP SA.
Algunas de las compañías tenían más de un contrato.
La secretaría de Estado también informó que actualmente, a través de su dirección de Asuntos Jurídicos, lleva adelante el proceso para la ejecución de las pólizas del seguro por incumplimiento de muchas de estas obras, que en algunos casos fueron nuevamente licitadas o están en ese proceso de llamado.