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Durante una conferencia de prensa este lunes, Servín indicó que no creen en la versión de los guardias de seguridad. Dijo que, atendiendo a todos los relatos que recabaron por separado de los nativos, entienden que se trata de un hecho “armado” para inculpar a los nativos.
Indicó que se trata de un hecho delicado y que se debe tener en cuenta que aconteció en la misma fecha de la masacre de Curuguaty, hace dos años, en el mismo departamento. “Parecer ser que en la zona las cosas siempre se arreglaron así. Esa es la lectura que queda”, dijo.
De acuerdo con los relatos que escucharon, creen que los guardias hicieron un círculo alrededor de los nativos y comenzaron a dispararles. Servín dijo que no se puede arreglar este tipo de cosas con armas, pasando por encima de las instituciones.
El titular del Indi dijo que se trata de un hecho preocupante y que harán las denuncias correspondientes.
Valeria González, una de las indígenas que estuvieron en el momento del tiroteo, narró los momentos terribles que vivieron.
“Fue a las cinco de la mañana cuando estábamos tomando mate; algunos estaban en el monte y se aprovecharon de que éramos pocos, entonces llegaron disparando y dijeron: ‘¿Qué hacen acá, indios sucios?’”, contó en guaraní la mujer, quien está embarazada.
Servín comentó que el desalojo del 20 de mayo fue también bastante violento: quemaron sus casas, sus ropas y profanaron sus elementos rituales. En esa ocasión, los indígenas se escondieron en el monte y cuando la Policía se retiró rearmaron lo poco que les quedó.
Servín dijo que hasta el momento lo que saben es que el propietario de la empresa Laguna S.A. es un brasileño que vive en la ciudad de San Paulo y que maneja la firma a través de los administradores locales.
Sin embargo, hasta ahora no puede precisar a nombre de quién están los títulos de las 5.000 hectáreas que esta empresa les disputa a los indígenas. Tampoco sabe cuál es la figura legal bajo la cual la jueza Silvia Ovelar ordenó el desalojo de los nativos el 20 de mayo pasado.