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De Vargas fue consultado tras la conferencia de prensa en que oficializó la “barrida” en la Policía Nacional acerca de las instrucciones que recibió por parte del Presidente. Dijo que el mandatario solamente le pidió que lleve adelante una investigación clara y que, por lo tanto, sigue en el cargo. Así también, el viceministro del Seguridad Interna, Javier Ibarra, declaró ante varios medios de comunicación que ni él ni el ministro tienen motivos para renunciar.
“Esto ya no puede continuar así, es hora de cambiar (…) No proyecta una buena imagen lo que está ocurriendo (los cambios en la Policía Nacional), pero es un proceso necesario”, manifestó De Vargas. Dijo además que desde su cargo no se va a apañar a nadie, por lo que ya se hizo una denuncia penal al respecto, además de la solicitud de auditoría del Poder Ejecutivo y de la Contraloría. “Lo que menos queremos es apañar esto; de una vez por todas debemos empezar a luchar contra la corrupción”, manifestó. Añadió que “no se descarta” que haya más cómplices dentro de esta red de desvíos de fondos para combustibles y aseguró que se harán todos los cambios que sean necesarios a medida que avance la investigación y se tengan más nombres de los involucrados.
El escándalo estalló al darse a conocer a través de una investigación de ABC Color el lujoso estilo de vida que llevaba el suboficial Roberto Osorio. El hombre, a pesar de que su salario apenas superaba los G. 7 millones por mes y de que su esposa es desempleada, tenía una elegante casa en una zona residencial de Fernando de la Mora, además de una imponente vivienda de verano en San Bernardino y una flota de vehículos de lujo, entre los que figura una camioneta Audi Q7. Osorio Romero y su esposa, Ada Liz Da Rosa, son dos de los seis imputados en el marco de la investigación de un millonario desvío de dinero que debía ser destinado para la compra de combustible para móviles de la Policía Nacional.
De acuerdo a la investigación fiscal, el suboficial habría sido uno de los encargados de solicitar de manera irregular 186 tarjetas magnéticas que debían tener como destino final vehículos al servicio de Fuerzas Especiales como Antisecuestros, Antinarcóticos o Inteligencia. Otro de los imputados es el excomandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga, cuya destitución del cargo fue oficializada esta mañana en conferencia de prensa. Hay indicios de su implicancia en esta grosera red de corrupción. De hecho, a nombre de su hijo estaba una de las camionetas presuntamente compradas con dinero desviado y que fue hallada ayer en el marco de las investigaciones. El móvil estaba “resguardado” en un estacionamiento pagado nada más y nada menos que por Osorio.