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El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ariel Oviedo, manifestó que hace poco realizaron una intervención en la zona de Bahía Negra, en la Comunidad Indígena Yshir, donde constataron un cambio ilegal de uso en unas 1.000 hectáreas.
Lamentó que a pesar de que estos procedimientos son comunicados a la Fiscalía, las personas denunciadas recurren a la Sala del Tribunal de Cuentas y ahí termina toda acción de parte del Ministerio Público. Reprochó que hasta el momento no existan condenados por atropellos al medioambiente.
Así mismo dijo que varias son las instancias judiciales en las que se encuentran denuncias por delitos ambientales pendientes de ejecución. Por ejemplo, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, quedó pendiente de cobro un total de G. 5.600 millones; mientras que en el Juzgado de Justicia Letrada, G. 627 millones y en el Juzgado de Paz, el monto de G. 787 millones.
En ese marco, señaló que hay un total G. 8.800 millones en expedientes parados, de los cuales la mayoría está en el Poder Judicial, específicamente en el Tribunal de Cuentas, primera y segunda salas. “Entonces la Justicia también es una herramienta que nosotros tenemos que hacer que funcione para que no haya impunidad”, enfatizó.
“Nosotros queremos revertir esto, tengo pendiente una reunión con el presidente de la Corte Suprema (Raúl Torres Kirmser) para hablar justamente sobre este tema”, apuntó.
Comentó también que dentro del Mades encontró resoluciones administrativas por un total de G. 1.800 millones, que empezaron a moverse a partir de esta administración.