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Enzo Cardozo, exministro de Agricultura y Ganadería: El actual senador por el Partido Liberal está imputado –junto con otras 40 personas- por el supuesto desvío de G. 68.000 millones y otros G. 700 millones que debían ser destinados a miembros de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp).
También está imputado por supuestas irregularidades en la ejecución del Programa Nacional de Fomento Pecuario, y se calcula un perjuicio de G. 3.664.000.000. Si bien está imputado en estas dos causas, existen otras denuncias sobre supuestos perjuicios millonarios que ocurrieron bajo su administración.
Cardozo está desaforado por el caso más grande, pero todavía no se logró su desafuero por el perjuicio en el Programa Nacional de Fomento Pecuario.
Rubén Quesnel, extitular del Instituto Paraguayo del Indígena: Está procesado por dos causas: una por el desvío de unos G. 3.000 millones que debían ser utilizados para dos comunidades indígenas, entre ellos la de los Sawhoyamaxa, y la otra por la venta ilegal de tierras de indígenas por la suma de 1.250 millones de guaraníes. En este último caso se estima un perjuicio de 22.750 millones de guaraníes, sin mencionar que las tierras indígenas no pueden ser objeto de venta. Hay otros imputados en esta causa. Quesnel estuvo recluido en Tacumbú durante seis meses y luego obtuvo medidas sustitutivas mientras se desarrolla su proceso ante la Justicia.
Rafael y Carlos Filizzola, exministros del Interior: Ambos están procesados por supuesta lesión de confianza en la compra sobrefacturada de helicópteros para la Policía Nacional. Rafael está acusado y enfrentará juicio oral, mientras que Carlos está imputado. En este caso se estima un perjuicio de G. 50.000 millones.
Rafael también tiene otro proceso abierto por lesión de confianza. Es el caso de las obras inconclusas, mal ejecutadas y supuestamente sobrefacturadas en 24 comisarías del Área Metropolitana. La pérdida para el Estado en este proceso se estima en poco más de 1.131 millones de guaraníes.
Sergio Escobar, expresidente de Petropar: También soporta dos procesos, por procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación, y otra por el supuesto perjuicio de G. 12.000 millones por anticipar el pago de 50% de una obra que nunca se hizo, para la planta alcoholera de Mauricio José Troche.
Luis Ortigoza, extitular del Indert: Procesado por la compra fraudulenta de unas 5.000 hectáreas en el departamento de Cordillera, en el marco de un supuesto negociado político entre el Partido Liberal y el Partido Unace, por valor de 60.000 millones de guaraníes. La firma beneficiada fue San Agustín, vinculada al senador del Unace, Jorge Oviedo Matto. El Estado llegó a pagar 48.000 millones de guaraníes y sin explicación lógica, después de muy avanzado el proceso, la firma decidió no cobrar unos G. 12.000 millones que faltaban. En este caso también están procesados el exgobernador y actual diputado liberal Milciades Duré, el administrador de la firma San Agustín, Arnaldo Jara, y otras cuatro personas.
Humberto Blasco y Loreno Segovia, exministros de Justicia y Trabajo: Ambos procesados por un perjuicio total de G. 4.950 millones destinados al pago por una consultoría sobre elaboración de un modelo de centro penitenciario para la cárcel de Embocada, llevada a cabo por la firma Ingnieros Asociados CIA-SA. El problema es que ese trabajo de Consultoría ya había sido realizado en el año 2000 por la Cooperación Española.
Víctor Bogado, exdiputado y actual senador por el Partido Colorado: Mediante el acceso a la información pública se descubrió que la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, bautizada como la “Niñera de Oro”, cobraba sueldos de la Cámara de Diputados y de Itaipú Binacional. Ambos están procesados en esta causa por diferentes hechos punibles. Quintana cobró de forma indebida poco más de 71 millones de guaraníes, que fue obligada a devolver, aunque pero el proceso sigue su curso.
En el caso de Bogado, si bien no es reciente, existe otra causa en la que fue acusado de lesión de confianza, por la presunta malversación de unos 6.000 millones de guaraníes cuando era presidente de Conatel.
José María Ibáñez, actual diputado del Partido Colorado: De la misma forma que se descubrió el caso de la Niñera de Oro, salió a la luz que tres caseros que trabajan en una lujosa casa quinta del diputado José María Ibáñez percibían sueldos de la Cámara. El legislador y los caseros están procesados por este hecho. Uno de los empleados llegó a admitir el hecho y después de que estalló la cuestión cambió su versión. El perjuicio estimado en este caso es de G. 30.000.000.
Perlita Paredes: Hija de la diputada Perla Acosta de Vázquez, Perlita cobraba cuatro rubros del Ministerio de Salud en calidad de médica y además un sueldo de la Itaipú Binacional, percibiendo cada mes más de 30 millones de guaraníes. Fue procesada y debió devolver la suma de 376 millones de guaraníes. A diferencia del caso de la Niñera de Oro, este proceso terminó sin otra pena que la devolución en cuotas del dinero y servicio comunitario.
Ricardo Sánchez, exgobernador de Amambay por el Partido Liberal: Tiene en total siete procesos abiertos por distintos hechos que generaron un perjuicio de 1.984.050.500 millones de guaraníes.
Estos son solamente algunos de los casos de corrupción que vienen escandalizando y generando indignación en la ciudadanía.