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“El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el Gobierno”, advirtió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa del martes. Según reporta el portal del diario mexicano Vanguardia, el mandatario norteamericano puso como fecha límite para la entregada de los documentos el miércoles.
Pero López Obrador no se limitó a exigir que las declaraciones juradas de los miembros de su gabinete sean presentadas ante los organismos correspondientes, sino que exigió que los documentos se hagan públicos. El mismo presidente mexicano cumplió con la exigencia y presentó su declarcion jurada el pasado 4 de enero.
Según el diario mexicano Vanguardia, esto se apega a uno de los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad del Gobierno de López Obrador, precisamente el número 7 que dice: “todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales; así como la de sus familiares cercanos y será pública y transparente en todos los casos”.
Varios de los secretarios (ministros) del gabinete de AMLO ya cumplieron con la exigencia puesta por el mandatario. Los ojos de la atención pública están puestas en Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, quien dijo no estar de acuerdo con transparentar su Declaración Jurada de Bienes.
Mientras México intenta transparentar la función pública mediante la publicación de las Declaraciones Juradas de los funcionarios estatales, en Paraguay la Contraloría General de la República se niega a cumplir con dos sentencias judiciales que la obliga a entregar esa información.
En mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano luego de que la Contraloría ignorara repetidamente solicitudes de acceso a la información pública.
El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el 7 de junio del año pasado la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme.
Mientras decía estar a favor de la transparencia y aseguraba que cumpliría con los dictámenes judiciales, el contralor Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar la información pública.
La excusa de García para recurrir a la máxima instancia judicial fue que buscaba una “decisión definitiva”. Sin embargo, la realidad es que el contralor es el que traba el estudio de la acción que él mismo planteó ante la Corte Suprema de Justicia.
La Contraloría presentó la acción de inconstitucionalidad, pero no fue sino hasta cuatro meses después y luego de que la Corte intimara al ente que entregó las copias para que se corra traslado a la contraparte, para que esta pueda responder.
Como si toda esta situación no fuera suficiente, la Corte Suprema de Justicia también hizo su parte.
En una abierta intromisión de la Corte Suprema de Justicia en las funciones del Congreso, la máxima instancia judicial envió un dictamen para tratar de frenar el proyecto de ley por el cual se hacen públicas las declaraciones juradas de funcionarios públicos el día antes de su estudio.
Además de la abierta intromisión en las funciones de otro poder, los ministros de la máxima instancia judicial incurren en un abierto prejuzgamiento. La Corte debe estudiar todavía la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no entregar esos mismos datos.
Los ministros incurrieron así en una grosera irregularidad. De hecho, los miembros de la máxima instancia judicial son parte interesada, pues sus declaraciones juradas también deberán hacerse públicas, según los fallos de las dos primeras instancias.
“Brindar información personal y patrimonial de los servidores públicos, consecuentemente su acceso, contenidas en su declaración de bienes (...), tiene mayores beneficios para la salud pública que perjuicios para un servidor público, cuyo estándar de privacidad es inferior al del ciudadano común. A mayor responsabilidad pública, mayor transparencia”, había señalado Pedro Mayor Martínez, del Tribunal de Apelación, al momento de la sentencia, con lo que se desmentía a la Contraloría que alegaba privacidad.
Antes de asumir el gobierno, el actual ministro del Interior y entonces miembro del equipo de transición, Juan Ernesto Villamayor, dijo que el presidente Mario Abdo Benítez estaba a favor de la publicidad de las Declaraciones Juradas de Bienes de los altos funcionarios.
“Yo no tengo problemas”, indicó Villamayor mostrándose abierto a que sus datos sean divulgados.
“Cómo me criticarías a mí o me investigarías a mí, si yo me enriquecí ilegalmente si no tenés el parámetro, sin perjuicio de que siempre existe el prestanombres, es una tontería lo que estoy diciendo, pero el parámetro tiene que existir”, alegó.
Sin embargo, ni un solo miembro del gabinete de Abdo Benítez ha hecho pública su Declaración Jurada.
En el Poder Legislativo, solo tres senadores y un diputado han cumplido con hacer públicos estos documentos: los senadores Desirée Masi y Pedro Santa Cruz (PDP) y Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional); además del diputado Sebastián Villarejo (Patria Querida).
Otros legisladores como Fidel Zavala (PPQ) o Tony Apuril (Hagamos), dijeron durante la campaña estar a favor de la transparencia, pero hasta el momento no hicieron públicas sus Declaraciones Juradas.