Miembro del directorio del PLRA fue imputada

María del Pilar Callizo, miembro del directorio del Partido Liberal fue procesada por la Fiscalía por lesión de confianza, estafa y cobro indebido de honorarios, ya que fue contratada por el Ministerio de Industria para elaborar un anteproyecto.

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Según el acta de imputación, desde el año 2010 hasta el año 2013, María del Pilar Callizo habría sido contratada sucesivamente por el Ministerio de Industria y Comercio, en el marco del Proyecto FOCEM (Fondo para la convergencia estructural del Mercosur) para realizar consultorías con el objeto de llevar a cabo un proceso participativo que incluyera a todos los sectores involucrados a efectos de la elaboración de un anteproyecto de ley para el Ministerio de Industria y Comercio, y Pequeñas y Medianas Empresas (Anteproyecto de ley de MIPYMES) para ser presentado al Congreso Nacional.

La existencia de diferencias entre las fechas del cobro de los honorarios con los períodos de contratación y las resoluciones ministeriales vinculadas a los contratados, otorgan base a la sospecha de que las resoluciones del M.I.C. fueron emitidas con el presunto propósito de dar un viso de legalidad a contrataciones que ya habían sido realizadas previamente sin mayores cuidados o formalidades.

Al parecer, la señora Callizo, si bien habría realizado reuniones con los diversos sectores tendientes a dar cumplimiento al proceso previo a la elaboración de un anteproyecto, no habría realizado las tareas determinadas contractualmente y en especial lo que guarda relación con la redacción del referido anteproyecto de ley, tal como lo requería el contrato que había suscrito con el M.I.C. pero, sin embargo habría cobrado íntegramente los pagos que había sido acordados. A esta circunstancia se sumaría el hecho de que Callizo tampoco había registrado asistencia en su lugar de trabajo”, dice la investigación del Ministerio Público.

Cabe destacar también en cuanto a este contrato, que el objeto de la contratación (la realización de un anteproyecto de ley) no sería factible de implementación por carecer el Ministerio de iniciativa propia, razón por la que se hallaba jurídicamente imposibilitado para presentar propuestas legislativas. Por su parte, la Dirección Jurídica del Congreso Nacional, dependiente del Poder Legislativo, en su nota de fecha 18 de septiembre de 2014, informa al Ministerio Público que de acuerdo a los antecedentes obrantes en los archivos, no consta un ante proyecto de ley para las “Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, presentado por el Ministerio de Industria y Comercio.

“Llama poderosamente la atención del Ministerio Público que los responsables del Ministerio pusieran como objeto de un contrato y dispusieran una remuneración, por un trabajo que no podía ser realizado en el marco institucional que posee el M.I.C”.

Dentro de la causa también se encuentran imputados tres exministros , Francisco Rivas, Ricardo Martín Heisecke y Diego Zavala Serrati, al igual de actuales funcionarios de la cartera de Industria y Comercio,  el viceministro de Industria, Óscar Stark Robledo, junto a otras 45 personas.

PROCESADA SE DEFIENDE

En comunicación con nuestro diario, María del Pilar Callizo sostuvo en primer lugar que ella fue efectivamente contratada por dicha cartera de estado para llevar adelante un proceso participativo con todos los sectores involucrados con relación a la elaboración del proyecto de ley de MIPYMES, “y ese proceso se realizó acabadamente haciendo” aseguró y añadió que no entiende “por dónde viene lo del incumplimiento” que se menciona en el proceso.

Añadió que gracias al trabajo que desempeñó, el proyecto fue aprobado y cuenta incluso con su decreto reglamentario, con lo que se creó el Sistema Nacional de MIPYMES. Inclusive, gracias al trabajo que desempeñó – agrega – surgió incluso otra ley que actualmente está vigente, y es la de ley Defensa de la competencia.

La miembro del directorio del Partido Liberal también se refirió al otro punto señalado en el acta de imputación, el que menciona que no “marcaba asistencia en su lugar de trabajo”.

Al respecto, indicó que el contrato con el ministerio expresaba claramente que ella se desempeñaba como consultora externa, no fui funcionaria, por lo que no estaba establecido el cumplimiento de un horario fijo, sino que era un contrato por producto concreto, pero el tiempo empleado en el desarrollo del proyecto – sostiene – fue empleado inclusive más allá.

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