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Jorge Galeano y Luis Aguayo, dirigentes campesinos, se reunieron esta mañana con Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este prometió a los labriegos conformar una mesa de trabajo para estudiar uno a uno los casos que le expusieron.
Los tres ejes principales de la reunión fueron: la reivindicación de los trabajadores de la Línea 49, empresa Pycasu, que se unieron a la marcha; la criminalización de los miembros de las organizaciones campesinas y la aplicación de las leyes, en caso de que se aprueben, que hoy tratará la Cámara de Diputados.
“Solicitamos la aplicación de lo que establece el artículo 114 de la reforma agraria, entendiendo que hay una eventual sanción de dos leyes esta tarde, declaración de emergencia nacional para la agricultura familiar y la ley de rehabilitación financiera de las deudas de los pequeños productores”, expresó Jorge Galeano.
Además, piden que, luego de “ser sancionadas” las dos leyes, se pueda establecer una mesa de diálogo entre los campesinos y los tres Poderes del Estado.
“Queremos que la Corte Suprema de Justicia, como máxima instancia, vigile el cumplimiento de la ley, porque mucho se habla de ley muerta. Entonces, eso es muy peligroso porque es base de una situación de profunda crisis, a más de las grandes heladas que ya se están sintiendo con la suba de precios de las hortalizas en la ciudad”, expresó por su parte Luis Aguayo.
Añadió que la agricultura debe ser una solución del país con la generación de puestos laborales y alimentos, no un problema por la crisis.
Luis Aguayo aseguró que el proceso judicial en su contra por parte de la Fiscalía “es resultado de la criminalización de la lucha social”. Afirmó que rindieron cuentas ante tres instancias: la Contraloría General de la República, la Contraloría Bicameral de Presupuesto y ante el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y no hubo ningún cuestionamiento.
“Presentamos las listas y las facturas; ellos (el Ministerio Público) no pidieron ningún documento. Esa es una muestra de que quieren desprestigiar a las organizaciones campesinas”, acotó.
Finalmente, dijo que la Fiscalía no tiene cómo demostrar que las herramientas adquiridas eran de mala calidad, puesto que ya pasaron varios años. “Los rastrillos o azadas comprados en el 2011 ya han de estar un desastre”, finalizó.