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Los afectados por el embargo son Carlos Vicente Segovia Torres y Arnaldo Andrés Mendoza Portillo. El primero se desempeña como contratista de proyectos de empedrados de 11 cuadras del casco urbano por un monto de G.583 millones, mientras el segundo es de profesión arquitecto y exfiscalizador de Obras de la Municipalidad local y socio comercial del contratista.
La jueza Cuevas, procedió a “trabar embargo sobre el sueldo, comisiones, deposito a la vista o a plazo fijo, acciones, haberes y cualquier otro tipo de emolumento disponibles, en especial por la adjudicación de la construcción de empedrados basada en el contrato de fecha 12 de abril de 2013 firmada entre el contratista Segovia Torres (dueño de la firma “Taller Metalúrgico Segovia”) y la jefa comunal local, Wilma Ramona Meza.
El comerciante Althaus Fank, dueño de la firma Agrocampo, sostiene que Segovia Torres adquirió materiales de construcción para obras en varias ocasiones con cheques de pagos diferidos que a la fecha de cobro la cuenta no dispone de fondos, causándolo millonarias pérdidas.
Según el abogado Jorge Prieto, representante legal del demandante, Segovia Torres incurrió en el delito de estafa al engañar al comerciante con cheques que a la hora de efectivizar no dispone de fondos o ya fue declarada cuenta cancelada e imposible de cobrar.
El demandante exige el pago de G. 106.463.000, a más de G. 10.646.000 que el juzgado fija como gastos de justicia, totalizándose la suma de G. 117.109.000. A requerimiento de la demandante, la magistrada Cuevas trabó embargo hasta cubrir el millonario monto.
El oficial de justicia Ruiz Cabral advirtió a la jefa comuna el inmediato cumplimiento del embargo hasta cubrir el capital reclamado y los gastos de justicia, que deberá ser depositado en una cuenta habilitada por el juzgado de la causa.
No fue posible conocer la postura que asumirá la jefe comunal, debido que su celular estaba apagado.
La intendenta municipal Wilma Ramona Meza firmó el contrato en fecha 11 de abril de 2013 con el comerciante Segovia Torres, vecino de la localidad de La Paloma, para la construcción de 10.259 metros cuadrados a razón de G. 55.600 por metro cuadrado.
La obra incluye –según el contrato- la colocación de cordón en los dos costados y badén, y fue fijado en la suma de G. 583 millones. Inicialmente, el contratista estimó la terminación en 120 días hábiles.
Según el acuerdo firmado, los trabajos arrancaron el último 18 de abril y cuya terminación quedó estimada para el 12 de agosto. Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados desde hace tres semanas, causando inusitada queja de transportistas y vecinos del lugar.
El comerciante Segovia Torres, admitió que en fecha 12 de abril recibió la suma de G. 232.308.800, equivalente al 40 % del monto acordado. Aseguró que lleva 60 días de trabajo, ejecutándose en apenas 6 cuadras de lo previsto, debido a las constantes lluvias registradas en los últimos meses.
Por su parte, la intendenta Meza aseguró que aún queda por pagar al contratista el 60 por ciento del monto acordado en el contrato. No fue posible conocer su versión sobre el requerimiento judicial, debido que mantenía apagado su celular.
Según el plan vial aprobado, las calles que deberán llevar pavimento pétreo son: Eusebio Ayala e/ Mayor Alfaro Ramos y Juan Rotela; Mayor Alfaro e/ 14 de Mayo y 12 de Junio; 12 de Junio e/ Mcal. Estigarribia y Juan Rotela (dos cuadras), Pai Lucke e/ Eusebio Ayala y 12 de Junio; Juan Rotela e/ Eusebio Ayala y 12 de Junio; General Artigas e/ Capitán Troche e Independencia Nacional; Mcal. Estigarribia e/ Juan Rotela y 12 de Junio. Asimismo, afecta a: Tacuarí e 14 de Mayo y Eusebio Ayala; 14 de Mayo e/ Tacuarí y 22 de Setiembre; y 22 de Setiembre e/ Mcal. Estigarribia y 14 de Mayo.
Sin embargo, la Junta Municipal local, presidida por el concejal Eliodoro Ruiz (PLRA) radicó una demanda por el delito de estafa ante el Ministerio Público contra la empresa responsable de las obras y personas innominadas encaradas con recursos de la comuna local.
El fiscal local, José Zarza recibió la ratificatoria de los ediles Agustín Pío Ramírez, Mirna Benítez, Alberto Fernández y Francisco Paniagua (ANR), Román Marín, Miguel Torres y Eliodoro Ruiz (PLRA) y Víctor Villalba (Unace). Todos estos concejales vienen cuestionando presuntas irregularidades cometidas por intendenta Wilma Ramona Meza .