Cargando...
Se trata de un juicio por lesión de confianza, donde están acusados dos ex altos funcionarios del Ministerio de Salud Pública de la era Esperanza Martínez; José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de Gestión de Insumos Estratégicos; y el abogado Federico Fabián Gill Ramírez, exdirector administrativo, entre otros. La compra pactada de los fármacos fue por G. 5000 millones y el perjuicio rondaría los G. 1.118.453.778.
El juzgado penal de liquidación y sentencia Nº 6 de Asunción, presidido por Manuel Aguirre, e integrado por las juezas Lizza Batilana y Lourdes Peña, tuvo que intimar al procesado Ruíz Benítez a que presente otro defensor. Es atendiendo a que su abogado Oscar Germán Latorre, está enfermo y es la segunda vez que se ausenta por tal motivo, detalló el fiscal de la causa José Dos Santos, mientras que una vez por la misma causa no asistió el citado procesado.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el 10 de noviembre del 2011 y el 14 de diciembre del 2011, los citados ex funcionarios emitieron órdenes de compra de medicamentos oncológicos, a pesar de que el depósito del INC estaba lleno.
Los contratos firmados por el Ministerio con las empresas Farmacéutica Paraguaya SA (Fapasa) y Laboratorio Fusa SA establecían que las compras debían hacerse únicamente por solicitud del Instituto Nacional del Cáncer, que no hizo pedido alguno. Los contratos plurianuales firmados eran “abiertos”, es decir la compra de las partidas de drogas correspondientes al 50% del total contratado estaba supeditada a la necesidad real de dichas drogas.
Tras la adquisición de todo lo contratado, sin necesidad, éstos fueron venciendo, por lo que Dos Santos sostiene que el daño al patrimonio del Estado se generó en la emisión de aquellas órdenes de compra sin que exista necesidad de contar con esos medicamentos.