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La Resolución Nº 9.726, del 13 de junio pasado pero divulgada el domingo, es la que “reglamenta el otorgamiento de licencias sindicales a docentes y funcionarios administrativos que ocupan cargos directivos en organizaciones gremiales acreditadas ante el MEC”.
Antes de su vigencia, la institución gastaba anualmente al menos US$ 1.500.000 –unos G. 7.000 millones– para el pago de licencias a dirigentes que ni siquiera pisaban el aula, señaló a ABC Color el director de Gremios del MEC, Humberto Ayala.
El director de Gremios expresó que las decisiones tomadas “se ajustan a los requerimientos del Código Laboral, pero también a las normas presupuestarias, ya que este dinero no está presupuestado para hacer este pago. Por consiguiente, tendríamos que encontrar una forma de dialogo que nos encaucen a encontrar soluciones”.
Ayala subrayó que, evidentemente, la autoridad ministerial no puede incurrir en este tipo de gastos, ya que significa una cifra importante de pérdidas para la institución.
A través de la figura de las licencias sindicales pagas –que eran gestionadas por cada sindicato–, muchos dirigentes recibían dicho beneficio para ausentarse de sus lugares de trabajo, muchas veces sin siquiera dedicarse a la actividad sindical.