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En medio de las sospechas de un presunto direccionamiento y una eventual sobrefacturación en la contratación del servicio de seguridad por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), los legisladores empiezan a cuestionar distintas aristas de las licitaciones para el sector público.
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Walter Harms, por ejemplo, indicó que llama la atención cómo la empresa SST Security Service Tecnology SA abarca casi todo el mercado en las licitaciones públicas. “Lo que habría que revisar es el monopolio de una empresa propiedad de una sola persona, que comparativamente con lo que se cobra en el ámbito privado son dispares, inflados”, afirmó.
El diputado hace referencia a la diferencia de lo que se paga por personal de seguridad al contratar el servicio tercerizado, aunque también hay diferencia en el mismo sector público. Un ejemplo es la comparación con el contrato de seguridad en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
De hecho, en el 2018 SST fue la empresa adjudicada para proveer guardias de seguridad al SNPP, por poco más de G. 10.950 millones y por 24 meses. Durante esos dos años debía poner a disposición un total de 74 guardias de seguridad y, básicamente, cada guardia costaría al Estado G. 6.170.000 al mes.
Pero en el caso del IPS, SST cobrará casi G. 117.285 millones por 18 meses y 673 guardias. Haciendo el cálculo, la Previsional terminará pagando G. 9.680.000 por cada guardia de seguridad, unos G. 3.500.000 de más por cada personal.
Relacionado al tema, la diputada Rocío Casco contó que reciben constantes denuncias de trabajadores de empresas de seguridad. "Se les hacen firmar documentos de que se les paga en efectivo, pero no cobran lo que figura en las licitaciones", enfatizó.
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Adelantó que presentará un proyecto que obliga a pagar los sueldos a través de una cuenta bancaria y con tarjeta de débito, a fin de garantizar que reciban el mismo salario que –en los contratos con entidades públicas– las empresas declaran que pagan a sus empleados.
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Por ejemplo, en junio de 2018 el Viceministerio de Trabajo anunció una nueva intervención a la empresa de limpieza Cevima, contratada justamente por el IPS. Fue debido a denuncias de incumplimientos de la ley laboral.
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