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La senadora Ana María Mendoza de Acha señaló que las organizaciones que plantearon denunciar al Paraguay ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos son las que perdieron sus grandes "negociados" o los altos salarios que percibían durante la presidencia de Fernando Lugo.
“Es una vergüenza lo que estaban cobrando, estaban desangrando al erario público, cobraban sueldos de entre G. 50 millones y G. 70 millones sin siquiera estar capacitados para cumplir labores. Lo que a mi parecer es que muchísima de esta gente que trata de argumentar que hubo un golpe son los que perdieron sus grandes negociados con el gobierno o sus altos sueldos, y eso lo que les tiene desquiciados. Jamás pensaron ganar los sueldos que Lugo les pagaba”, señaló a ABC Color.
La autoridad señaló además que durante el gobierno del expresidente Lugo se practicó también un sistema perverso, que consiste en destituir a todos los funcionarios del gobierno anterior para ubicar a los seguidores.
“Acá no hay ningún derecho al trabajo, porque tampoco tuvieron inconveniente cuando fueron defenestrados muchos funcionarios durante el gobierno de Lugo. Este es un sistema perverso cuando el gobierno de turno le tira a la calle a los empleados del gobierno anterior sin importar la capacidad, y es lo mismo que hizo Lugo, así que no vayan a reclamar lo que en su momento disfrutaron estando en el gobierno”, sostuvo.
El incumplimiento de la salud gratuita es otro de los argumentos que se incluyeron para denunciar al Paraguay ante el CIDH. Esto es totalmente falso, ya que se trataba de una publicidad engañosa, concluyó la señadora.
“Nada más falso, la supuesta salud gratuita se trataba de que lo que el ciudadano puede encontrar en el centro de salud es lo que puede alcanzar sin paga alguna, pero como no encontraban nada, entonces se escudaban en decir 'que no tenemos, pero si teníamos, usted lo iba a tener gratis'. Ellos hablaban de salud gratuita, pero no había nada, y eso fue lo que le valió una interpelacion a la exministra Esperanza Martínez”, indicó.
La legisladora expresó además que no se produjo un golpe en el Paraguay para destituir a Fernando Lugo, ya que todo se hizo en base a la Constitución Nacional. Incluso tuvo tiempo de sobra para la defensa y no se utilizó.
“No hemos violado ningún artículo de la Constitución Nacional, es un juicio político y no puede regirse al juicio ordinario y por eso no se contemplan plazos establecidos en el Código Civil", sostuvo.
Agregó que "no pueden decir que no tuvo tiempo para la defensa, porque tuvo más tiempo que el acusatorio. Cuando se decidió hacer el juicio fue una noche y a la mañana tuvieron que presentar los diputados el libelo acusatorio, fue redactado en ocho horas, tuvo casi 24 horas para preparar su defensa y le dieron dos horas para exponerla. Y le sobraron las dos horas, lo que le hizo constar el presidente del Senado que tenía 20 minutos para la defensa, y el defensor dijo que ya no tenía nada que decir”, relató.
Para la senadora, ninguno de los argumentos son válidos, ya que provienen de personas que perdieron beneficios durante el gobierno de Fernando Lugo, lo que “los tiene desquiciados”, y toman esta medida como represalia.
Indicó que no se puede evitar la presentación de la denuncia, al tiempo de desafiarles a que presenten la demanda, puesto que la Organización de Estados Americanos ya tiene una postura respecto al Paraguay y el golpe parlamentario que argumentan.