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Menciona el comunicado de la Coordinadora de Periodistas en Alerta al cumplirse un mes más de la muerte del periodista de ABC Color, Pablo Medina y Antonia Almada. Recuerdan que han muerto 17 comunicadores desde que el Paraguay recobró la democracia y ningún caso ha sido esclarecido totalmente, demostrando que la impunidad reina en la justicia paraguaya.
Indican que en ningún otro período de la transición democrática los periodistas se han sentido tan perseguidos y bajo reiteradas amenazas como ahora. “Dichas presiones provienen de distintos sectores, tanto de los que ejercen políticamente el poder público, por las fuerzas públicas, por el empresariado, por el narcotráfico u otros sectores refuerzan la idea de que vivimos bajo un clima de violencia peligrosa para la libertad de prensa en nuestro país”.
En menos de dos años, fueron asesinados cuatro periodistas paraguayos y aumentó el número de agresiones a los medios de prensa, desde amenazas a la integridad física hasta acciones judiciales. Mencionan los últimos casos que se dieron. En primer término, el colega Roberto Pérez, del Sistema Nacional de Televisión y Radio Uno 650, fue querellado por la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica, por supuesta difamación, calumnia e injuria, recurriendo para ello al fuero penal y exigiendo la pena máxima por supuestamente lesionar su honor.
A nuestro modo de ver, el castigo que se exige en la querella es desproporcionado a la vez que desconfiamos de los subalternos de la ministra, ya que ella tiene a su cargo la administración del Poder Judicial. Es muy difícil que alguien se atreva a trabajar de manera imparcial e independiente de las presiones que pueda recibir.
Por otro lado, la Coordinadora teme por la vida del colega Cecilio Espínola, de la radio comunitaria Mandu’ara, de Jasy Kañy, departamento de Canindeyú, quien fue amenazado de muerte por informar en su medio sobre las tierras malhabidas en su región. El comunicador denunció el hecho en la Comisaría 5ta. de Curuguaty, sin que la Policía Nacional se haya expedido o accionado al respecto.
Espínola vincula a los estancieros de la zona, que estarían usurpando propiedad estatal, con la diputada María Cristina Villalba, señalada como soporte político de clanes de narcotraficantes que operan en la zona. Por último, están preocupados por el despido injustificado a nuestro compañero Juan Vitale de Radio Uno 650, quien fue separado del medio de manera injustificada, pese a la estabilidad laboral ganada luego de una antigüedad de 12 años.
Estos hechos se suman a las persecuciones a los comunicadores a comienzo de año. En un encuentro de autoridades y dirigentes del PLRA en la ciudad de Santa Elena, la colega Desiré Cabrera fue víctima de amenazas; en la Cámara de Diputados, la periodista Leticia Acosta sufrió hostigamiento por parte del diputado Hugo Rubín; mientras que la reportera Fátima Garay fue víctima de violencia física por parte de un guardia de seguridad privado, en el recinto del Palacio de Justicia.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay, SPP, el Foro de Periodistas Paraguayos, Fopep y la Coordinadora de Periodistas en Alerta, CPA, se pronuncian en contra de esta ola de persecuciones injustificadas y alertan a la ciudadanía de posibles nuevos ataques a los comunicadores y medios de comunicación.
Las tres organizaciones exigen a las autoridades protección de los periodistas que se encuentran en zonas de riesgo, imparcialidad en investigaciones judiciales e intervenir en casos donde las empresas de comunicación no cumplen las leyes laborales.