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El próximo 15 de noviembre se realizarán las elecciones municipales en todo el país. Es decir, los 250 municipios que forman el Paraguay elegirán a sus autoridades comunales: intendente y concejales.
En conversación con ABC Color, el asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, explicó que en las elecciones participarán incluso aquellos municipios creados recientemente y cuyos intendentes fueron electos después de las elecciones del 2010. “Ellos fueron electos para completar este período”, manifestó.
Fuentes del TSJE a las que tuvo acceso nuestro diario señalan que el proceso electoral tendría un costo aproximado de US$ 21 millones. Ljubetic reconoció que había escuchado también una versión de que ese sería el costo pero se excusó de confirmar la versión asegurando que la cifra había sido dada a conocer por gente del área administrativa, donde él no tiene relación alguna.
El asesor del TSJE manifestó que se estima que unas 6.000 personas estarían trabajando en el día de las elecciones en los 1.046 locales que se habilitarán para que los votantes acudan a sufragar en todo el país. Hay un total aproximado de 3.800.000 ciudadanos habilitados para concurrir a votar, casi 500.000 más que en las elecciones municipales que tuvieron lugar en 2010. Esta importante variación se debió además a que en los últimos años se habilitó el servicio de inscripción automática, por el cual quienes cumplieran 18 años –edad mínima requerida para votar- pasaban a ser inscritos en el padrón nacional.
El período para la inscripción de candidaturas se abrirá el 27 de julio y se cerrará el 25 de agosto. Ljubetic explicó que el plazo para presentación de alianzas se cerrará el 5 de junio pues las mismas ya deben presentarse en las internas partidarias que tendrán lugar en julio. “Ya no se pueden aliar después de ese tiempo”, señaló.
Quienes deseen renunciar a las candidaturas y no aparecer en las papeletas tendrán tiempo hasta el 25 de setiembre. Si la renuncia se da después de ese tiempo, el nombre y la fotografía del candidato seguirán figurando en las papeletas.
En las últimas elecciones municipales se registró un caso bastante particular. Franklin “Anki” Boccia, candidato del PLRA y el Frente Guasú, decidió semanas antes del día de sufragio declinar su candidatura a favor a la de Miguel Carrizosa, quien se presentaba por el Partido Patria Querida. Como la decisión tuvo lugar después de finalizado el plazo, el nombre de Boccia seguía figurando en las papeletas y el día de las votaciones el político liberal tuvo un número considerable de votos, generando cierta polémica.
El lunes, en conversación con la 780 AM, Ljubetic había señalado que el período para la realización de propaganda electoral en la vía pública se habilita recién 32 días antes de los comicios y se extiende hasta 48 horas antes. Para la propaganda a través de medios masivos, el período va desde 12 días antes hasta 2 días antes de los comicios.
En ese sentido, reconoció que son varios los candidatos que ya están poniendo propagandas en las calles mucho antes del tiempo permitido por la ley y que incluso varios ponían sus propagandas en murallas que están frente al local del TSJE. “La ley habla de esta situación pero cuando establece la penalidad por incumplimiento, solamente castiga a la propaganda realizada una vez fenecido el plazo”, manifestó Ljubetic. Es decir, según explicó, se castiga solo la propaganda realizada en veda pero no la que se realiza antes de tiempo.
“Esto permite que la gente haga libremente su propaganda electoral, cometiendo un acto que es tipificado como delito en el espíritu de la ley pero no así en su redacción”, aseveró.
Aclaró además que la Justicia Electoral no es el órgano competente para entender en esta situación sino que al ser un delito, el juzgamiento corresponde al fuero penal. “La Justicia Electoral no es el órgano competente para juzgar y castigar a ninguna persona que realice propaganda electoral indebida”, acotó y continuó diciendo que es la Fiscalía la que tiene que fungir de vehículo para las denuncias.
“Tenemos que revisar esta ley, porque esta ley no se cumple, se la viola abiertamente y no hay ni siquiera repulsa ciudadana. Nadie se incomoda por esto. Ni los fiscales dicen nada, la gente tampoco”, sentenció.
Finalmente reconoció que existe un vacío legal muy grande en lo que a redes sociales se refiere. “Acá no hay nada legislado respecto a otros medios que no sean los tradicionales. Por lo tanto, Facebook, Twitter o cualquier otra red social está libre de penalización”, aseveró.