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El senador Víctor Bogado afirma, a través de su defensa, que el ser funcionario de una de las binacionales no significa ser funcionario público. Así busca argumentar que la exniñera de sus hijos, Gabriela Quintana, no cometió delito al cobrar dinero del Estado tanto en Diputados como en Itaipú.
Rodrigo Yódice, uno de los abogados que hizo asesoría externa para Itaipú, dijo que el caso de los trabajadores de la empresa equivale a ser funcionario público.
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“El funcionario público es aquella persona que está designada como tal conforme al derecho interno de cada país”, expresó en conversación con radio ABC Cardinal. Esencialmente explicó que los tratados internacionales que Paraguay firmó prevalecen sobre el Código Penal. Nuestro país firmó un acuerdo internacional contra la corrupción y eso automáticamente nivela a los trabajadores de las binacionales como funcionarios públicos.
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“Lo que la opinión pública tiene que entender, porque se pretende confundir, es que estamos en un proceso penal y el concepto de funcionario público tiene que surgir de normas penales. El primer concepto lo tenemos del Código Penal (...) pero los tratados (...) prevalecen sobre el Código Penal porque son de mayor jerarquía”, explicó. “Nos guste o no, los tratados y convenios están por encima de los códigos”, agregó. De esta forma el abogado rebatió el argumento de Bogado.
Gabriela Quintana, quien fuera niñera de los hijos de Bogado, fue nombrada en Diputados y tenía un sueldo de G. 13.237.400. Además, bajo la presidencia del entonces diputado y ahora senador colorado, fue contratada en Itaipú en el 2013, a pedido del legislador.
En el ente binacional “ocupó” el cargo de técnico y su salario era de G. 8.793.300. Luego que se descubrió que la “niñera de oro” tenía doble remuneración, devolvió G. 71.783.470 que fue lo que cobró sin trabajar en Itaipú. Según Bogado, el comisionamiento fue pedido por Anki Boccia, exdirector de Itaipú, hoy fallecido, pero las pruebas indican lo contrario.