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¿Recuerda que el año pasado, en noviembre, el pueblo se levantó contra los que habían defendido a Víctor Bogado tras conservarle sus fueros a pesar de las pruebas que lo vinculaban a la “niñera de oro” Gabriela Quintana? Los comercios habían iniciado una campaña de rechazo contra “los 23” que habían blindado a Bogado. Esta reacción ciudadana generó miedo entre los legisladores y, pronto, Bogado fue desaforado e imputado por la Fiscalía.
Posteriormente, el caso de los caseros del diputado José María Ibáñez, quien mantenía a sus peones trabajando con salario de la Cámara de Diputados. Los trabajadores, cansados de las falsas promesas del colorado, denunciaron el caso. Pronto, tras el temor del legislador y su esposa, Lorena Plabst, los peones cambiaron su versión y se desdijeron. Mágicamente, aparecieron días después con trajes impecables en los pasillos del Congreso como trabajadores. Fuentes a las que accedió este diario inclusive afirman que los empleados del Congreso que trabajaban cerca de la oficina de Ibáñez eran obligados a reconocer que los “peones” siempre iban a Diputados a trabajar.
También, usted, como lector, ayudó a destapar el caso de Perla Acosta, conocida como “Perlita”, quien llegó a percibir cinco salarios del Estado. Esta mujer es hija de la diputada Perla de Vázquez, enfrascada hoy en día en una disputa política con su colega Fredy D’Ecclesiis en la Cámara Baja. Esto surgió cuando se solicitó a la Cámara de Diputados que publicara su lista de funcionarios. Luego de la presión de la ciudadanía, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución histórica en la cual se sentó un precedente judicial para emitir las listas.
En el caso de Bogado, el próximo 26 de agosto, el juez Julian López decidirá si serán enjuiciados el legislador, Gabriela Quintana y su exjefe de gabinete. Los fiscales Luis Piñánez y Aldo Cantero acusaron al senador colorado Bogado y su exdirector de gabinete Miguel Pérez por estafa en calidad de autores y cómplices del cobro indebido de honorarios de la “niñera de oro” Gabriela Quintana Venialgo, quien también ya fue acusada. Los agentes del Ministerio Público solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público.
“Perlita”Paredes fue condenada por el juez Gustavo Amarilla a 2 años de prisión con suspensión, por cobro indebido de honorarios y otros delitos. Además, la médica deberá devolver unos G. 400 millones al Estado. También debe abonar G. 48 millones en concepto de reparación del daño social, que serán distribuidos entre cuatro hogares, según lo dispuesto por el juzgado. La Fundación San Rafael, el Pequeño Cottolengo, Hogar de Niños Casa Cuna y Fundación Asoleu fueron las instituciones seleccionadas para recibir G. 12 millones respectivamente, en cuotas de G. 2 millones. Otra de las reglas de conductas dispuestas es la realización de servicios comunitarios en el hogar de ancianos Santo Domingo, adonde debe acudir cuatro horas por semana.
Sin embargo, una de las causas que hasta el momento ha sido bastante “chicaneada” y “cajoneada” es la del diputado José María Ibáñez, quien hasta el momento ni siquiera concurrió a tribunales para su audiencia de imposición de medidas, que está pendiente desde el pasado mes de abril. Con la prsentación de incidentes por parte de la defensa del legislador, el proceso quedó trabado, impidiendo también que se realice la audiencia preliminar para su esposa Lorena Plabtst y los denominados caseros: Favio Gómez y los hermanos Viviana Falcón y Éver Isaac Falcón, donde el juez Miguel Tadeo Fernández tendrá que definir si serán enjuiciados o no.
Los fiscales Victoria Acuña y José Dos Santos imputaron al diputado José María Ibañez por cobro indebido de honorarios, estafa y expedición de certificado sobre mérito y servicio de contenido falso. También acusaron a Lorena del Pilar Plabst de Ibáñez, esposa del legislador, por el delito de estafa. Por otro lado, fueron procesados los "caseros" Favio Hernán Gómez Chamorro, Éver Isaac Falcón Valenzuela y Viviana Patricia Falcón Valenzuela, por los hechos punibles de estafa, cobro indebido de honorarios y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, debido a que trabajaban como caseros del legislador, pero cobraban sus salarios en la Cámara Baja.
Es la primera vez que el Ministerio Público investiga y acusa a varios politicos en nuestro país, demostrando que con la presión de la ciudadanía puede producirse este tipo de milagros en un ámbito bastante corrupto como el judicial.
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