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La ley quiere que ningún ciudadano paraguayo requerido por otros países sea extraditado. En su artículo 3 el proyecto dice que “en los casos en que el extraditante soporte procesos por los hechos punibles de producción de tráfico y comercialización de drogas, armamentos, hechos terroristas, lavado de dinero, secuestros o de lesa humanidad, el mismo previamente deberá ser investigado y procesado en el territorio nacional antes de proceder al pedido de extradición. No será aplicable el criterio de oportunidad”.
Todos esos delitos citados en este artículo son los que cometen los grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas. Con esta ley se quiere blindar la ida de los paraguayos a otros países como Estados Unidos y Brasil, que son los que más requieren a los narcotraficantes.
En el anterior periodo parlamentario el diputado José López Chávez, había planteado la ley “De defensa de la soberanía jurídica nacional en materia de extradición de ciudadanos paraguayos”. Ahora la misma fue reflotada y está siendo debatida en el parlamento.
La semana pasada el Senado rechazó el proyecto y envió a diputados. El miércoles se debe tratar el proyecto en diputados, con pocas posibilidades de ser aceptada.
El diputado Bernardo Villalba, quien preside la Comisión de Legislación, también debe dictaminar sobre la cuestionada ley.
Villalba, cuando ejercía la profesión era el abogado de varios narcotraficantes entre ellos Erineu “Pingo” Soligo.
Si bien el actual diputado no se pronunció a favor o en contra de la ley, el abogado Pedro Wilson Marinoni, con quien Villalba trabajó defendiendo narcotraficantes, manifestó que estaba a favor de que prospere el tratamiento de la ley y sea sancionada.
Marinoni, esposo de la diputada Cynthia Tarragó, dijo que “muchos dicen que este proyecto beneficiará a los narcotraficantes, pues evitará que sean extraditados a otros países y eso es mentira. Lo que se busca es que a los que cometieron un delito en nuestro país se les investigue y procese en Paraguay y una vez que cumplan con sus penas aquí, luego vayan al país que les requiera, es decir, que recién una vez cumplida su pena sean extraditados”.
De esta manera Pedro Marinoni, quien también es apoderado de la ANR por capital, metió presión, para que se puedan tener los votos necesarios para la aprobación de la ley.
Trascendidos indican que hay ofrecimientos de dinero para votar a favor de este proyecto de ley.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, es uno de los que se opone a la ley que prohíbe la extradición de ciudadanos paraguayos.
En una plenaria abierta realizada en el salón Comuneros del Congreso Nacional, el fiscal Díaz Verón argumentó contra la ley y señaló que “es de gran interés del ministerio Público participar de este debate. Estamos convencidos de que este proyecto de Ley es perjudicial para los intereses jurídicos de la República. En ese sentido traemos una postura clara. Paraguay ha firmado convenios y tratados con otros organismos, con otros Estados, con asociaciones de Estados, en el marco de la reciprocidad y la cooperación jurídica. Esta es la mejor manera para luchar contra el crimen organizado”.
El fiscal explicó también que los delitos transnacionales no conocen de fronteras y tienen una repercusión en otros países, y lo que se busca es proteger la integridad de la sociedad, y no solo de un país, sino de la sociedad global.
“Debemos ser prácticos, nosotros formamos parte de una comunidad de Estados, y en ese sentido hemos optado por cooperar todos juntos. Una de las maneras de hacerlo es la lucha conjunta contra aquellos que atentan contra la seguridad jurídica, contra las propias bases del Estado. A esto se refiere la lucha contra la criminalidad organizada, y nosotros como Ministerio Publico, órgano de persecución penal y representante de la sociedad, creemos que este proyectos de ley, así como está concebido, viene de contramano en relación a esos propósitos”, dijo el fiscal general.
Otro que se mostró contrario a este proyecto de ley fue el ministro del Interior Francisco de Vargas, quien dijo que el primer beneficiado si se sanciona esta ley será Carlos Sánchez, alias “Chicharo”, quien es requerido por la justicia del Brasil.
Para el ministro De Vargas, de sancionarse esa ley se estaría haciendo lo mismo que ocurrió en los años 90' en Colombia, cuando el Cartel de Medellín logró frenar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
En esa época el narcotraficante Pablo Escobar, con una serie de actos terroristas que iban desde atentados hasta secuestros y muertes, doblegó al gobierno colombiano que tuvo que sacar de su Constitución Nacional la figura de la extradición.
A decir del ministro Francisco de Vargas, en este caso el Pablo Escobar paraguayo sería Carlos Sánchez, ya que se frenaría su extradición al Brasil.