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La Ley 4.669/12 trata sobre la reducción los plazos procesales, actualmente de cuatro a tres años, y debe ser tratada hoy en la Cámara Baja, pero la diputada Vallejo dijo a ABC Cardinal que no debe entrar en vigencia, ya que podría dejar impunes a muchas personas.
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Recordó que, en 2003, la “ley Camacho” había planteado la ampliación a 4 años y una cláusula que descuenta el tiempo por incidentes. “Lo que pasó es que la gente iba estirando cada vez más sus procesos para que se extingan, pero Guastella vuelve a reducir el plazo”. Sin embargo, el sistema notó que muchas causas importantes, por corrupción, narcotráfico y homicidios, iban a extinguirse.
En caso de no derogarse hoy, la ley de reducción del plazo entrará en vigencia desde el próximo 1 de setiembre. “El sistema está colapsado. No debe entrar en vigencia la ley; se va a beneficiar a muchísima gente”, expuso. No obstante, considera imperativo que se deben corregir las áreas en donde los procesados obtienen medidas para retrasar los procesos.