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Esta comisión, presidida por el diputado colorado Ramón Romero, se reunió ayer con representantes de diferentes unidades del Ministerio Público, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y organizaciones civiles, para estudiar los alcances del proyecto de ley “que establece la obligación de conservar datos de tráfico”. Tras el encuentro, se evidenció una marcada división de posturas con respecto a la normativa.
Romero explicó que durante la sesión fijada para las 08:30 de hoy darán a conocer el dictamen de la comisión a su cargo. La Comisión de Derechos Humanos ya se pronunció al respecto, dictaminando por el rechazo de la propuesta, que fue postergada el jueves pasado para un mayor estudio, según alegaron. Si no llegan a votar hoy, el proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado tendrá sanción ficta y luego estará a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
En la reunión de ayer, los miembros de las organizaciones civiles solicitaron a los parlamentarios el rechazo o el retiro del proyecto de ley, diciendo que la misma atenta contra la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia, es decir, contra varios artículos de la Constitución Nacional. Olga Ferreira, diputada independiente y titular de la comisión de Derechos Humanos, también dijo que el proyecto “expone a la ciudadanía a estar a merced de la violación de su derecho a la privacidad”.
No obstante, el colorado Bernardo Villalba, quien preside la comisión de Legislación, consideró que la iniciativa debería ser modificada, pero no rechazada, de manera a garantizar que las compañías telefónicas no puedan conservar datos de contenido que violen la privacidad de las comunicaciones o el rastreo de las personas. El bloque que preside el citado parlamentario recomendó aprobar las modificaciones que respectan a la obligatoriedad para los prestadores de internet de destruir los datos almacenados luego de un año de haberlos guardado y establecer que esos datos solo puedan ser verificados dentro de un proceso judicial abierto, pero con una debida justificación.
Este proyecto obliga a los proveedores de servicios de internet (ISP) de nuestro país a conservar, durante 12 meses, los detalles de quién se comunica con quién, por cuánto tiempo y desde dónde. También permite a las autoridades tener acceso a estos datos históricos, exponiendo la información de geolocalización que revela el paradero físico de los paraguayos. Básicamente, esto significa que todo lo que uno hace en internet estará controlado por el Estado.
Como parte de la campaña contra la propuesta, se bautizó esta ley como “pyrawebs”, palabra que hace alusión a los “pyrague”, que en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) se refería a los “delatores”, quienes informaban al régimen sobre la actividad de los opositores, quienes eran perseguidos, y en algunos casos, torturados y muertos. “Web” porque esta vez el espionaje será a través de internet.