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Ante la nota remitida el 8 de agosto por el Ministerio Público a líderes de los campesinos que se encuentran acampados en la plaza frente al Congreso, recordándoles la vigencia de la Ley 1.066/97, “Del marchódromo”, que impide, por ejemplo, el uso de armas de fuego u objetos contundentes en las manifestaciones, un grupo de seis campesinos presentó ante la Sala Penal del Ministerio Público hoy un recurso de hábeas corpus preventivo.
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La defensa de los labriegos, el abogado Bernardino Insaurralde, del Comité de Iglesias, señaló que, con esta actitud, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía buscan “criminalizar la lucha social” y agregó que es “la primera vez que vemos algo similar”, según el informe de la periodista de ABC Color Perla Silguero.
Indicó que las implicancias de dicho “amedrentamiento” tienen que ver con que los campesinos podrán ser aprehendidos en el caso de perturbación de la paz pública, resistencia y todos los delitos relacionados con la libertad de expresión.
Con la acción presentada, señaló que buscan precautelar los derechos humanos y constitucionales de los campesinos y, sobre todo, que no sean aprehendidos sin justa causa. “Pienso que aquel brazo del Ejecutivo busca amedrentar a un grupo de personas. El Ministerio Público tiene la obligación penal y constitucional en caso de que vean un delito o que estén enterados de un delito tienen que hacer su trabajo; no hace falta anestesiar con notas”, alegó.