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Cartes comenzó denominando a los que integrarían lo que él llamó “su selección” al frente de los principales ministerios y secretarías. Hasta ahora hubo solo un par de cambios, uno más polémico que otro, pero en la mayoría de los casos, sigue aferrado a su decisión inicial.
Eladio Loizaga: Abogado, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el primer cuestionamiento que enfrentó fue el hecho de supuestamente haber sido promotor de la Liga Anticomunista Mundial. Algunos de los temas que le ha tocado tratar durante su primer año son: la vuelta de Paraguay al Mercosur –Paraguay estaba suspendido por la destitución vía juicio político de Lugo-, el pedido de informes al Gobierno Argentino sobre los proyectos nucleares que pretenden desarrollar en Formosa. Asimismo las ganas de Paraguay de integrar la Alianza del Pacífico y el tema más importante, la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyreta, que hasta el momento no avanzó mucho.
Marta Lafuente: Licenciada en Psicología que encabeza el Ministerio de Educación ha sido duramente cuestionada por el sector docente, con quienes de entrada hubo discrepancia pues cuando ingresó al Ministerio unos 26.000 docentes encaraban una huelga que duró casi un mes en reclamo de mejores condiciones de jubilación y la ministra decidió descontarles los días no trabajados. Además hubo cuestionamientos de sectores estudiantiles que durante el último año comenzaron a tomar fuerza y a reclamar calidad en la enseñanza. La ministra denunció además que los docentes reclaman capacitación sin embargo no asisten al programa de capacitación de la cartera. Una problemática de dimensiones mayores es la que enfrentó el Ministerio a causa de las inundaciones que dejó por varios días a miles de alumnos sin clases.
Francisco De Vargas: El único de extracción liberal y en un lugar crucial, el Ministerio del Interior. De Vargas, con formación en derecho, se desempeñó antes como ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas y antes de eso como fiscal antidrogas. Es uno de los ministros más cuestionados, sobre todo por los políticos del Partido Colorado. De Vargas tiene un enemigo público, el Ejército del Pueblo Paraguayo, que hasta ahora lleva la delantera pues mataron a 11 agentes de la fuerza pública durante su primer año de gestión, perpetraron dos secuestros, el de un adolescente de 16 años y el de un policía, y ambos plagios siguen en curso, mientras que las pérdidas para el EPP son solamente dos cabecillas que murieron el día del secuestro de Arlan Fick. Hasta ahora, Cartes ha mostrado un firme respaldo a De Vargas a pesar de todos los reclamos políticos.
Sheila Abed: Fue designada como ministra de Justicia y Trabajo, pero con la restructuración de la cartera quedó como ministra de Justicia. Durante su administración, al menos media docena de reclusos murieron, entre ellos algunos menores de edad. Abed, abogada con un masterado en medioambiente obtenido en una universidad francesa, planteó desde el inicio la necesidad de una reforma penitenciaria en Paraguay. Dispuso el cierre de puertas de Tacumbú y Emboscada, ambas penitenciarías superpobladas. Llevó a cabo un censo penitenciario que dio a conocer detalles preocupantes como la enorme cantidad de jóvenes en las cárceles y también el primer censo penitenciario adolescente. Anunció la creación de una oficina que trabaje en la reinserción de presos.
Antonio Barrios: Al frente de uno de los grandes ministerios, el de Salud Pública, se mantiene firme en su puesto. Al mes de haber ingresado a la cartera, lidió con la muerte de una niña y la intoxicación de varios otros por un medicamento que el Ministerio compró de Laboratorios Indufar, que fue suspendido temporalmente en sus actividades y solo después de un mes lo volvieron a habilitar, lo que generó serias críticas hacia su administración. La falta de presupuesto fue una de las trabas de las que Barrios habló desde el inicio de su administración. Los problemas de huelga no han faltado. Por otra parte, el Ministerio ha llevado adelante intensas campañas de vacunación y también contra el dengue, que hasta el momento se mantiene controlado después del último gran brote.
Jorge Gattini: A cargo de Agricultura y Ganadería viene repartiendo dinero en programas sobre todo destinados a pequeños agricultores. El último gran ingreso de dinero que se autorizó para el MAG es el préstamo de 100 millones de dólares que otorgará el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que según el ministro se gastará de forma muy variada.
Ramón Jiménez Gaona: Asumió un Ministerio de Obras Públicas en la quiebra, según denunció varias veces, su principal objetivo es aumentar la inversión en infraestructura pública a 500 millones de dólares por año. Hasta el momento no se ha visto mucho. Los problemas viales se evidenciaron con la inundación a nivel país. Jiménez Gaona denunció una rosca de corrupción en sistema de peajes que hacía perder millones al Estado y después de eso decidió el aumento del precio en los puestos lo que le generó una protesta de parte, principalmente, de los camioneros.
Gustavo Leite: Dirige el Ministerio de Industria y Comercio, desde donde durante el primer año se destacó principalmente por su programa de lucha contra el contrabando, logrando incautaciones históricas a grandes empresarios y también contra el contrabando de hormiga. Con la intención de endurecer los controles contra la corrupción inició la instalación de cámaras en varios puestos de Aduanas, pero todavía son pocos. Por otra parte insiste en el bono demográfico de Paraguay y en la necesidad de carreras cortas y educación para el trabajo, y en cuanto a su relación con el sector empresarial se puede decir que va viento en popa, pero los resultados con impactos en las capas que más necesitan, por ejemplo de empleo, no se puede notar mucho.
Germán Rojas: Encargado de un importantísimo ministerio, el de Hacienda, piensa plantear un proyecto de reforma tributaria para aumentar los impuestos, punto sobre el cual tiene adeptos y detractores fuertes. Por ahora ese planteamiento esta en cola. Durante su administración Paraguay emite por primera vez bonos soberanos por valor de 1.000 millones de dólares, lo que hace que el nivel de endeudamiento del país llegue ahora al 40 por ciento. Para muchos esta es una forma efectiva de tener dinero para las inversiones necesarias en el país, para otros es un peligro que endeuda a toda una generación de paraguayos y se debe tener estricto cuidado en cómo se usa el dinero.
Bernardino Soto Estigarribia: Encargado del Ministerio de Defensa. Al igual que en el caso De Vargas, su enemigo público es el EPP, grupo criminal contra el cual la lucha de las fuerzas militares y policiales no ha generado muchos resultados, al menos públicamente conocidos.
Ana María Baiardi: Ministra de la Mujer, con un perfil bajo, durante su primer año de administración al frente de la Cartera, prácticamente no se ha notado su presencia.
María Cristina Morales: A cargo de la Secretaría del Ambiente, esta ministra no pasó para nada desapercibida, principalmente por escándalos generados a raíz de la mala comunicación que sigue hasta ahora. Estuvo en el foco de la tormenta cuando autorizó la caza de más de 200.000 ejemplares de Teju Guasu. La ministra incluso fue interpelada y varios legisladores pidieron su renuncia. Ella misma reconoció el error de comunicación. Morales tiene ya una lista larga de cuestionamientos, como por ejemplo el acuerdo a perpetuidad que firmó con la ONG Guyra Paraguay -entidad a la que ella pertenecía-, otorgándole facultades muy importantes. Hace poco, primero minimizó el problema que existe en Cateura con la piscina de lixiviados, pero después de unos días declaró emergencia ambiental.
Pedro López Ibieta: El 19 de agosto de 2013 Cartes designó como titular del Indert a Pedro López Ibieta, quien formaba parte del “equipo de técnicos” que liderarían los ministerios, pero la presión de los colorados era tanta que solamente duró dos semanas en el cargo. Uno de los motivos habría sido que Ibieta no permitió que María Teresa Peralta, de afilición colorada y que responde al sector de Luis Castiglioni y Enrique Bacchetta, encabezara el equipo jurídico del Indert. El propio afectado contó que el presidente Cartes “le sugirió” que nombre a la colorada como responsable de la Dirección Jurídica. Ibieta no atendió el pedido partidario y enseguida fue destituido y reemplazado por el exdiputado del Partido Colorado, Justo Cárdenas.
Entre su equipo de técnicos, Cartes designó también a quienes estarían al frente de las Binacionales. Para dirigir Itaipú nombró a James Spalding y para Yacyreta indicó a Juan Schmalko. En ambos casos fueron muy criticados por la ciudadanía cuando negaron dar a conocer los salarios de sus funcionarios. Los dos se escudaron en el hecho de ser una Binacional e incluso accionaron judicialmente para no dar a conocer las remuneraciones.
Al final, después de tanta negativa, el presidente Cartes les ordenó que transparenten las nóminas y entonces lo hiciero, quedando al descubierto que gastan una verdadera fortuna en sueldos, que pueden llegar a más de 100 millones de guaraníes al mes.
El presidente Horacio Cartes se rodeó de gente de su plena confianza, tan plena que los asesores que intervienen en cuestiones oficiales del Gobierno son en varios casos personas que trabajan en el Grupo Cartes, que pertenece al mandatario.
Estos asesores no cobran, según el presidente, pero la polémica saltó a la luz después de que se confirmó que el gerente de Banco Amambay -una de las empresas del presidente-, Hugo Portillo, participó en operaciones de la Senad. Fuerte fue la molestia en el Congreso, que incluso pidieron al presidente que informe sobre quiénes son sus asesores y qué hacen. Cartes dijo que las críticas no tenían importancia y llegó a anunciar que pondría más asesores, de hecho, llegó a nombrar oficialmente a algunos asesores económicos.