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Una ola de críticas se desató luego de filtrarse una lista con los “flamantes” nuevos funcionarios contratados por la Itaipú. Entre los nombres se encuentra el de Antonio Ibáñez, quien a sus 73 años pasa a formar parte del plantel de la entidad hidroeléctrica.
El nombramiento fue interpretado como un premio o compensación al exdiputado de Añetete José María Ibáñez, quien no pudo soportar la ola de escraches en su contra por el caso “caseros de oro”. Además, resultó indignante porque contraviene lo establecido en la Ley 1361/88, de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Itaipú Binacional, que indica en su artículo 96 que “el afiliado que cumpla la edad establecida por el Seguro Social para jubilarse por vejez, será obligatoriamente desvinculado del servicio activo de la Itaipú o de la Caja para acogerse a los beneficios contemplados en esta ley, excepto los mencionados en los artículos 8 y 12 del Estatuto de Itaipú”.
Es decir, la edad límite para ser funcionario con todos los derechos y beneficios es de 60 años, por lo que todos se preguntaron cómo una persona de 73 años pudo ser nombrada.
Ante esto, la Itaipú emitió un comunicado en el que intenta explicar los motivos por los cuáles sí tiene validez la designación de Antonio Ibáñez.
La Itaipú dice que “las designaciones para cargos de confianza, denominados asesores especiales, son puestos temporales. No integran el cuadro de personal permanente, y están asignados a cumplir una función específica. Como no son empleados fijos, no rigen los requisitos de edad máxima; tampoco pueden ocupar cargos gerenciales”, afirman.
Se refieren específicamente al caso de Antonio Ibáñez, y sobre él dicen que fue designado “para coordinar las acciones y tareas del programa de agricultura familiar campesina, que se encuentra en plena fase de implementación y es uno de los ejes de gestión de la administración”.
En uno de los párrafos del comunicado se deshace en elogios hacia el padre del exparlamentario Ibáñez, diciendo que “cuenta con una vasta experiencia en el área, formación académica, sólida experiencia y una carrera de muchos años, entre los que se destaca el cargo de ministro de Agricultura”.
Antonio Ibáñez dejó muchas cosas que explicar durante su paso por la titularidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el periodo de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). El papá del diputado José María Ibáñez estuvo envuelto en denuncias por corrupción en la compra de carne, y, tal como su hijo, se vio obligado a renunciar el 5 de junio de 2005.
Las irregularidades detectadas en el Ministerio de Agricultura en el lapso 2004-2005 comprometían seriamente a Antonio Ibáñez. La auditoría de gestión realizada por la Contraloría General de la República en ese entonces al MAG reveló que las distintas dependencias involucradas en la implementación de la zafra algodonera 2003/2004 cometieron todo tipo de abusos, muchos de ellos de tinte delictivo, en el manejo de los fondos y recursos financieros destinados a la distribución y verificación de semillas.
En el listado de 38 irregularidades descubiertas en el MAG figuraba la existencia de registros devueltos para su corrección, y que no han sido subsanados, acerca de planillas incompletas y llenadas precariamente a lápiz, con perjuicios que superan los US$ 40.000.
En un último párrafo, el descargo enviado por la Itaipú se refiere también al caso de Odila Báez, e indica que la designación de la mujer “es para llevar adelante acciones dentro del programa de responsabilidad social de la entidad en el área de influencia de la binacional, considerando su experiencia, liderazgo y tareas sociales que siempre ha desarrollado”.