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Ayer, el fiscal Alan Schaerer presentó su renuncia al cargo ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser, tras cuestionamientos y una manifestación en su contra por supuesta inacción en varios casos, entre ellos, el homicidio de Dieter Federau, propietario-mecánico de un taller en Filadelfia.
La semana pasada, familiares de una menor de cinco años, accidentada gravemente el año pasado, también anunciaron ir a manifestarse para pedir justicia para la menor. El fiscal había explicado que las circunstancias de este caso se encuadran como delito de acción penal privada y debe ser impulsado como tal.
Ante un inminente traslado de Schaerer a Pozo Colorado, este optó por la renuncia, quedando en la Fiscalía de Boquerón un solo fiscal en forma de interino, tras el sorpresivo traslado del fiscal Andrés Arriola hace un mes a Ciudad del Este.
En la Fiscalía de Boquerón se vive hace meses un ambiente de tensión y desconfianza; al hablar con algún fiscal, a veces optan por prender la radio para mezclar el ambiente con un sonido más, “porque aquí escuchan las paredes”, afirmaban.
Ahora, con un solo fiscal, está operando el Ministerio Público en Boquerón, donde numerosos casos de drogas, ocupación de tierras, homicidio o de lesión de confianza de exautoridades, para citar solo algunos casos, siguen sin trámite.
A esto se suma la llamativa situación de la Cámara de Apelación de Boquerón, que podría desintegrarse, debido a que el magistrado Ricardo Medina está suspendido y Teresa Gauto –la otra camarista– está enjuiciada. El tercer integrante, Leonardo Páez, presidente de la Circunscripción Judicial de Boquerón, es cuestionado sobre todo por un grupo de abogados.