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Ambos representantes del Ministerio Público pidieron la desestimación de la denuncia que se presentó por supuesto tráfico de armas.
El 29 de enero pasado, los dos agentes solicitaron a la jueza Griselda Caballero que se archive el caso porque “no encontraron” hechos punibles durante la investigación y que la cuestión se debe dirimir en el fuero civil.
El 13 de febrero de 2013 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, pidió al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, la investigación y el esclarecimiento del hecho de la comercialización en negocios de Asunción, de municiones 5.56, que fueron importadas a nombre de la Corte, para reforzar la seguridad de los ministros de la máxima instancia judicial.
Los fiscales Delfino y Ayala tomaron la investigación del caso, pero luego de seis meses llegaron a la conclusión que no había delito, por lo que solicitaron que la denuncia sea desestimada.
El JEM tomó intervención en el caso y en su sesión de este martes resolvió suspender en sus funciones a los dos fiscales, quienes ahora serán investigados.
La Corte Suprema de Justicia compró armas por valor de G. 800 millones en el 2010. La empresa ganadora de la licitación, COMTECPAR, compró cinco rifles, 20 miras láser y más de 12.000 balas más de las que se pedía en la licitación con el aval de la Unidad de Contrataciones de la Corte y la Dirección de Material Bélico (DIMABEL).
Los fiscales no pudieron identificar si las balas 5.56x45mm. eran de uso exclusivo de organismos del Estado y afirmaron que los civiles que compraron las balas “estaban capacitados para usarlas”.