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Existe un dilema en cuanto a la rendición de cuentas presentada por el intendente del movimiento Colorado Añetete, Alcides Sosa, quien dio sanción ficta a su propia ejecución presupuestaria de 2018 porque la Junta Municipal supuestamente no se expidió "en tiempo y forma" sobre el estudio realizado a su gestión.
Los ediles quieren saber el destino de G. 850 millones, que no se ajusta a lo rendido por el intendente. Sin embargo, la Junta Municipal ya había rechazado la rendición del intendente, con resolución N° 10, que finalmente fue vetada por el Ejecutivo.
Entonces, los concejales se volvieron a reunir y por unanimidad se ratificaron en su postura y decidieron presentar una denuncia contra Sosa ante la Contraloría General de la República (CGR).
El presidente de la Comisión de Legislación, Hacienda y Presupuesto, Héctor Medina (ANR), dijo que esta es la segunda vez que presentan en la CGR las supuestas irregularidades y que también solicitaron al Ministerio del Interior la intervención de la Municipalidad. Hasta ahora, no hay respuesta de ninguna de las instituciones.
Los ediles alegan que existen irregularidades en la gestión del intendente Sosa, que administra un presupuesto de G. 5.435.687.552, de los cuales en 2018 percibió de los recursos de royalties G. 2.171 millones y de Fonacide 1.107 millones, por lo que urge esclarecer y transparentar el uso del dinero público, manifestaron.
Medina dijo que por tercer año consecutivo se observan falencias repetitivas en la gestión del intendente y, pese a ello, el ejecutivo comunal no demuestra interés en mejorar su administración.
La Comisión de Hacienda observó algunas irregularidades y se menciona algunas inconsistencias en el saldo de caja según el Balance General presentado por el ejecutivo comunal. En los ingresos de los rubros de recursos menores, juegos de azar, ingresos corrientes, Royalties y Fonacide se encontró un faltante de G. 550 millones.
Mencionan además que existirían obras inexistentes y sobrefacturaciones. Por una obra que ya se pagó en el ejercicio anterior figura nuevamente como realizada en este ejercicio, como es el caso del portal de la ciudad, donde se pagó en 2017 G. 200 millones y por la iluminación más de G. 150 millones. Sin embargo, en el año 2018 se volvió a pagar por la misma obra.
Además, se evidencia también la contratación de empresas sin cumplir con la disposiciones establecidas en la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas.
Los concejales cuestionan también el pago de G. 170 millones por un estudio de “Proyecto de inversión” a la Consultoría MyC, de la Lic. Mirian Elizabeth Martínez de Espínola, cuyos documentos respaldatorios (contratos) no fueron encontrados.
El intendente local restó importancia a lo decidido por la Junta Municipal porque dice que él "trabaja para hermosear" su ciudad y que si realmente querían transparentar las gestiones hubieran presentado "en tiempo y forma" el pedido de rendición de cuentas.
Sosa dijo que la obra del portal se inició con el diseño en 2017 y se concretó en 2018, mientras que la obra de iluminación y el caminero se trasladaron al barrio San Blas.
Mencionó que la decisión de la Junta Municipal no le afecta para que pueda seguir recibiendo las transferencias y que él está de acuerdo a que la Contraloría audite su gestión porque "no se está malversando el dinero público".