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La jueza penal de Garantías de esta ciudad, María Fernanda García de Zúñiga, muy cuestionada por otorgar medidas alternativas a la prisión a presuntos "motochorros" vinculados al crimen del estudiante David Martínez, salió al paso de las acusaciones de los familiares y afirmó que actuó conforme a lo que establece el Código Penal. La medida ambulatoria otorgada a los procesados es “socialmente inaceptable, pero jurídicamente correcta”, se defendió.
La noche del pasado domingo, tras una larga persecución, la Policía local capturó a dos jóvenes procesados e imputados por la Fiscalía por el delito de reducción en el caso que guarda relación con el crimen del citado estudiante luqueño, registrado el año pasado en la compañía Makai, de Luque.
Tras la detención de Vicente Ismael García Palacios (19) y de Nelson Velázquez Villagra (20), ambos oriundos de Isla Bogado, Luque, se comprobó que “gozaban” de libertad ambulatoria y nuevamente estaban cometiendo asaltos callejeros en el centro de la ciudad, por lo que se dio aviso a la Policía. Ambos violaron la medida otorgada por el Juzgado de Garantías y, durante el procedimiento, los uniformados se incautaron del poder de los sospechosos de un arma de fuego que estaban utilizando para cometer sus “golpes”, según el reporte policial.
La magistrada aclaró que en el caso del robo con resultado de muerte están imputados cinco sospechosos: dos de ellos menores de edad, quienes son sindicados como presuntos autores materiales, mientras los tres restantes por el delito de reducción, teniendo en cuenta que en poder de ellos se encontró el teléfono celular robado en aquel mortal asalto.
La totalidad de los procesados salieron con medidas alternativas a la prisión. En principio, los dos adolescentes sindicados como autores materiales estuvieron seis meses en el Centro Educativo de Itauguá, donde compurgaron la pena mínima de la prisión preventiva para los menores de edad, ante una expectativa de pena máxima de 8 años de cárcel. El domingo pasado, nuevamente fueron detenidos dos de los tres presuntos reducidores investigados en la causa del mortal asalto, lo que generó airadas quejas en las redes sociales contra la magistrada de la causa.
La magistrada explicó que su resolución fue apelada por la fiscala de la causa, Francisca Gómez, en abril pasado. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de San Lorenzo, integrada por las camaristas Lourdes Cardozo, Sonia De León y Karen González, ratificó la medida adoptada por García de Zúñiga, a favor de los menores imputados como autores materiales del asalto y homicidio del estudiante David Martínez.
Al ser abordada acerca de la denuncia presentada en su contra por el padre del joven asesinado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presuntamente por mal desempeño en sus funciones, aclaró que ya fue notificada sobre el punto y dijo que se defenderá con sus resoluciones y con la ratificación de la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón.
Según la magistrada, ninguno de los procesados contaba con antecedentes cuando fueron detenidos y luego presentaron los requisitos exigidos para ser beneficiados con medidas alternativas, por lo que se allanó al pedido de los abogados defensores. Incluso, especificó que los dos menores cumplieron con la prisión preventiva y luego se acogieron a la medida alternativa, tal como establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.