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De ahora en más, Claudia Rossana Silvero, quien fue denunciada por extorsión y coacción por el parlamentario, tiene medidas alternativas a la prisión y se le impuso varias reglas de conducta tales como no salir del país, presentarse al juzgado una vez al mes, no atentar de ninguna forma contra la intimidad personal o familiar del diputado Buzarquis, prohibición de acercarse a 200 metros de la oficina particular del parlamentario, no cometer otro hecho punible, comparecer a la audiencia prelimiar y, finalmente, una fianza personal de su abogado fijada en G. 50 millones, según informó el corresponsal de ABC Color Pablo Gastón.
El magistrado no dio curso favorable a las insólitas medidas solicitadas por el fiscal Víctor Vera, quien pidió que la imputada no pudiera salir de Villarrica o que no pueda utilizar las redes sociales, entre otras. Sin embargo si prohíbio a la mujer que hable por cualquuier medio coartando su derecho a la libre expresión. Debido a estos pedidos, que no se ajustan a Derecho, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, solicitó un informe detallado de la labor del agente del Ministerio Público.
El diputado Buzarquis estaría haciendo uso de su poder político y estría maniobrando para no afrontar un juicio de filiación. El caso, al parecer, estaba bien armado para amedrentar a la joven y se movió con inusual rápidez el aparato judicial y policial para recibir la denuncia, hacer declarar a los testigos, imputar a Claudia Silvero y dejarla casi confinada en su casa, apartada de todo medio de comunicación. Sin embargo, el caso tomó estado público y ahora las acciones en tribunales están tomando el curso normal.