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En el documento dado a conocer este lunes los miembros de la Comisión Ejecutiva solicitan que la Contraloría exponga “en la brevedad posible” las declaraciones juradas de quienes ocupan cargos directivos de la AJP.
Esta decisión se da incluso a pesar de que los mismos no estaban incluidos en las sentencias de primera y segunda instancia que obligan a la CGR a hacer públicas las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República en los últimos 20 años.
“Entendemos que este pedido se adecua al espíritu de transparentar la gestión de los funcionarios públicos, que tan necesario es en nuestro país para conseguir la institucionalización de la República”, termina diciendo el documento.
Mientras tanto, la Contraloría General de la República (CGR) sigue intentando ganar tiempo para evitar entregar las Declaraciones Juradas de Bienes de altos funcionarios públicos. El ente ahora alega que no le serán suficientes los 60 días establecidos en una sentencia.
La CGR sigue planteando excusas de todo tipo para no entregar las Declaraciones Juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República en los últimos 20 años. Ahora el ente asegura que los 60 días de plazo que fijó el Tribunal de Apelación para que liberen la información pública no serán suficientes para dar cumplimiento a la sentencia.
Llamativamente, los propios abogados del ente de control aseguraban que la sentencia en segunda instancia a favor del periodista Juan Carlos Lezcano Flecha ya era inapelable. Sin embargo, en silencio, plantearon una aclaratoria ante el Tribunal de Apelación para ganar tiempo.
En el escrito, los representantes legales de la Contraloría señalan que no les quedó claro el plazo fijado por el Tribunal de Apelación. Indicaron que hubo diferencias de conceptos entre los jueces Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez, pues si bien los dos hablaron de 60 días, uno agregó el término “hábiles” y el otro no.
Además, dicen que no les quedó claro qué fecha debería tomarse como inicio del plazo. También se olvidan de que deberían haber estado listos para cumplir con la sentencia en el plazo inicial de 15 días hábiles que había establecido el juez Rubén Riquelme, cosa que no intentaron siquiera.
En otro punto, señalan que existen “términos oscuros” en la solicitud de información pública presentada originalmente por el periodista pues en la misma habla de “altos funcionarios” y la CGR dice no tener forma de no diferenciar a estos, puesto que no existe tal categoría dentro de la función pública.
El Tribunal de Apelación respondió los cuestionamientos planteados por la CGR y descartó de pleno el incidente de los “términos oscuros”, recordando que en la sentencia del mismo tribunal están citados los cargos cuyas Declaraciones Juradas deben ser entregadas a Lezcano.
Por otra parte, señaló que los 60 días hábiles comenzarán a correr desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada. Esto es, desde que el juez Rubén Riquelme saque una resolución para obligar al cumplimiento.
Fuentes a las que tuvo acceso ABC Color aseguran que en los últimos días se habrían registrado cambios a las apuradas en las declaraciones juradas de algunos funcionarios públicos afectados por la decisión judicial, luego de que un Tribunal de Apelación confirmara la sentencia que obliga a la CGR a hacer pública esa información.
En un intento previo para justificar su negativa a entregar las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos públicos en las últimas dos décadas, la CGR se escudó en problemas con su base de datos para demorar el cumplimiento de la sentencia del juez Rubén Riquelme, que fue ratificada la semana pasada por el Tribunal de Apelación, Primera Sala.
Con esta excusa los abogados de la Contraloría intentaron zafar de una posible demanda penal por desacato, al no haber cumplido en plazo lo resuelto en primera instancia.
En una nota remitida al juez Riquelme luego de que se cumpliera el plazo establecido que había dictado el magistrado, el ente de control asegura tener dificultades para liberar los documentos solicitados, debido a que su base de datos organiza las declaraciones juradas por nombres, apellidos y números de cédula.
Es decir, el organismo que debería realizar exámenes periódicos de correspondencia entre los bienes declarados por los servidores públicos y sus ingresos, dice no tener forma de saber qué cargo ocupan u ocuparon aquellos a los que debería investigar.
El ente de control envió notas solicitando colaboración a diversas instituciones para identificar a quienes ocuparon los más altos cargos dentro de ellas en los últimos 20 años, diciendo que solo así podría identificar las declaraciones juradas que deben ser entregadas por orden judicial.
“Se han cursado sendas notas a los distintos Poderes del Estado, solicitando se sirvan proveer en la brevedad posible, en formato impreso y en medio magnético, el listado de todos los funcionarios que ocupan y han ocupado cargos de confianza, correspondiente al período comprendido entre el año 1998 hasta el 2018”, afirma el escrito presentado por los abogados de la CGR.
Lo que hace todavía más llamativa la cuestión es que el ente esperó hasta los últimos días del plazo fijado por el juez Riquelme para empezar a recabar la información que dice no tener y que supuestamente imposibilita el cumplimiento de la sentencia.
El Tribunal de Apelación Primera Sala ratificó el pasado 7 de junio la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme. El magistrado había hecho lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado para acceder a las declaraciones juradas de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017.
Pedro Mayor Martínez, presidente del Tribunal de Apelación, apuntó en su voto que al tener las declaraciones juradas la finalidad de prevenir y detectar actos de corrupción, “es relevante que el control y monitoreo del patrimonio de los funcionarios públicos pueda ser compartido entre el Estado, a través de los exámenes de correspondencia, y la sociedad civil que accede a la información”.