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Liliana de Bristot, presidenta de la Asociación de Jueces de Paz, manifestó que la decisión del Senado de rechazar el veto y permitir la entrada en vigencia de la ley que amplía las funciones de los jueces de paz permitirá que los profesionales estén “donde no hay servicio de justicia”.
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“Teníamos una competencia limitada, que era hasta 7 millones de guaraníes los juicios ejecutivos, y ahora podemos intervenir hasta los juicios de 21 millones”, indicó.
“La deuda de un campesino, hoy en día, el costo de producción, supera muchas veces el monto de 7 millones. Entonces, ese campesino tenía que salir de su comunidad para hacer su juicio en otra ciudad”, explicó Bristot.
Además, tendrán la posibilidad de atender las denuncias por prestación alimentaria, algo que anteriormente no podían atender, así como los casos de denuncias por violencia intrafamiliar, sucesión de predios rurales dentro de los límites señalados, información sumaria de testigos,
Pero este aumento de responsabilidades traerá consigo un aumento en los beneficios salariales para los profesionales. De ganar unos 9.500.000 de guaraníes, pasarán a percibir 16.900.000 de guaraníes, mensuales, incluida la jubilación.
El mencionado proyecto contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y tiene por objeto elevar la categoría de los seis juzgados de Justicia Letrada a Primera Instancia.
Estos se sumarían a los 20 juzgados civiles y comerciales existentes en la Capital, pero con el nombre de Juzgados de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral.
Actualmente, los juzgados de Justicia Letrada son competentes para conocer y decidir en todos aquellos litigios cuyo valor oscila entre 100 y 300 jornales mínimos. En este proyecto, el valor del litigio aumenta hasta 600 jornales mínimos. También tendrán competencias en otros asuntos civiles y comerciales.
La objeción total del Poder Ejecutivo fue rechazada por el pleno en la sesión del jueves, y quedó sancionada la modificación de la ley mencionada.