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El proyecto de ley está siendo impulsado por la Asociación Central de Jubilados del Sector Civil y fue presentado en la Cámara de Diputados, a través del diputado colorado Óscar Tuma, en julio de 2015; está a consideración de varias comisiones, entre ellas la de Justicia, Trabajo y Previsión Social.
Establece, entre otros puntos, que “los beneficios pagados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda a los jubilados del sector civil central serán anualmente actualizados de oficio con base en la nueva matriz salarial vigente desde este periodo fiscal 2015”.
Esto implica, de aprobarse en algún momento el plan, que los haberes de los empleados públicos jubilados se equipararán al salario de los funcionarios activos y beneficiaría a unos 14.830 exfuncionarios administrativos (no incluye a los demás, como docentes, policías, militares, porque estos ya tienen un sistema de actualización).
Hoy, la actualización de los haberes para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones se realiza en función al índice de precios al consumidor (IPC) y este año, desde enero, recibieron un reajuste de 4,5%.
El sector público viene implementando la matriz salarial desde 2015, que en teoría fusiona el 70% de las bonificaciones y gratificaciones al sueldo, pero terminó triplicando las remuneraciones y haciendo más rígido el gasto salarial ya que los “aguinaldo extras” hasta el año pasado se seguían pagando.
Ante estos resultados, contrariamente al interés de los jubilados, varios analistas económicos son partidarios de frenar, eliminar o reformular la matriz, de tal modo a generar espacio para reducir el déficit fiscal en el futuro (el fisco hace seis años consecutivos que cierra con saldo rojo), entre otras medidas que se deben llevar a cabo como el recorte de gastos superfluos.
Guzmán Garay, vicepresidente de la referida Asociación de Jubilados, dijo que están a la expectativa de que la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social dictamine en los próximos meses y que la plenaria lo apruebe posteriormente.
Sostuvo que la actualización no afectará a la Caja Fiscal porque el sector de empleados jubilados tiene superávit y cuenta con unos US$ 900 millones de fondos para hacer frente a esta medida (parte del cual está invertido en bonos de la AFD).
En su momento, sin embargo, las autoridades de Hacienda manifestaron su oposición al proyecto por el impacto que podría tener en la Caja de Jubilaciones.