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“Vos te vas, y hablan... querés hablar con Gustavo Leite, ministro, y te equivocás y te vas a hablar con Ramón Jiménez Gaona, ¿verdad?... Le dijiste a Ramón Jiménez Gaona que yo te pedí 20%, a mí no me interesa desde ese punto de vista porque nadie luego cree, entonces te estás equivocando en tu forma de ser”. Son las palabras del empresario Eduardo Heisecke Mazó, socio comercial de Juan Carlos López Moreira, dando advertencias a uno de los inversores de la mina de Paso Yobái, a quienes le quitaron la concesión con la excusa de no haber pagado un irrisorio canon.
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Ramón Jiménez Gaona fue consultado al respecto. Aunque intentó no responder directamente sobre el tema que lo involucra, el ministro -en un segundo intento- alegó escuetamente: “No recuerdo aquel comentario”. Dijo, sin embargo, que habló con los empresarios, a quienes dijo haber dado garantías de que el MOPC siempre haría lo correcto, pero no les quedó más opción que hacer la caducidad.
Al ser consultado sobre las inconsistencias en esta nueva concesión, en la que involucran a un exfuncionario del MOPC que tiene, entre otras cosas, una denuncia por G. 400.000 millones y que a todas luces es un prestanombres, además de no tener solvencia técnica, se limitó a decir que “vamos a revisar todo lo actuado. tenemos dentro del Ministerio la instancia de la dirección jurídica (que se encargará)”.
Dijo, no obstante, que -según lo que conoce del caso- “se ajusta a la ley de concesiones, cumple las exigencias. Quién y cómo se presentan esas garantías lo tienen que explicar quienes hayan recibido, pero a primera vista, la manera en que se presentaron los documentos cumple con las exigencias legales, que tampoco son demasiado importantes”, insistió.
Al serle planteado si no le llama la atención que se haya dado la caducidad y al día siguiente ya se presenta un estudio de impacto ambiental de 44 páginas, Jiménez intentó deslindar responsabilidades al decir que “hay que entender que, a diferencia de los contratos de obras en el caso de la ley de minería, no es una licitación lo que determina a qué empresa se le adjudica tal o cual concesión. Está basado en el hecho de quién primero se presenta”, siendo que en realidad la ley establece que tiene prioridad no el primero, sino el que tiene solvencia técnica y financiera.
En este punto señaló: “Hay diferentes niveles de inversión en el negocio de la minería. No es lógico pretender de que quien obtenga una concesión sea el único que ponga todo el dinero. En todo el mundo se hace a nivel de escala. Se va generando a través de inversores o a través de bancos”, indicó.
El año pasado, el MOPC despojó de la mina a los inversores de Minas Paraguay. Usaron el argumento de que habían olvidado pagar cánones de 2015 y 2016 (unos US$ 1.300, aproximadamente). Lo llamativo es que a partir de que el MOPC firmó la “caducidad” de la concesión, en apenas un par de días ya apareció un nuevo interesado –un abogado exfuncionario del MOPC– a quien entregaron la mina pese a no observarse capacidad técnica ni financiera, como exige la Ley de Minas. No solo eso: Horacio Cartes firmó un decreto de concesión mucho antes de siquiera someter a consideración del Parlamento, como obliga la Ley. Ya luego en el Senado, los cartistas hicieron lo suyo, validando dicho decreto. Ahora el tema está en manos de los Diputados.